Retroceder en derechos también es una forma de violencia
Coescrita con Francisca Baeza Reyes, directora de Innovación Social de la Fundación Todo Mejora
Hablar de niñez en Chile exige hoy algo más que buenas intenciones: exige honestidad. No estamos en un momento neutro, sino en un contexto de retroceso. En los últimos meses hemos sido testigos de decisiones que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes, particularmente a quienes forman parte de la diversidad sexoafectiva y de género. Una de las más graves ha sido la exclusión de financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por municipios.
La propia Defensoría de la Niñez calificó esta medida como una "regresión grave" en materia de derechos. Y no es para menos: su eliminación suprime el acceso a acompañamiento psicosocial especializado, una herramienta clave para la prevención y el cuidado de la salud mental de una población que enfrenta altos niveles de discriminación y vulnerabilidad, en una etapa del desarrollo que es crucial.
El PAIG no era una política discrecional. Respondía a una obligación legal del Estado en el marco de la Ley de Identidad de Género, garantizando acompañamiento biopsicosocial para niños, niñas y adolescentes. Su eliminación no corrige fallas: elimina derechos.
Pero este no es un hecho aislado. El actual escenario fiscal ha abierto la puerta a recortes más amplios. Propuestas recientes del Ministerio de Hacienda consideran la reducción o eventual eliminación de más de 140 programas sociales, incluyendo iniciativas en salud, protección y diversidad, en el marco de un ajuste destinado a reducir significativamente el gasto público.
Cuando el ajuste fiscal debilita políticas dirigidas a la infancia, no estamos frente a una decisión técnica, sino ante una definición política sobre qué vidas importan más.
Los datos son claros. En Chile, niños, niñas y adolescentes LGBT+ enfrentan mayores niveles de violencia, discriminación y exclusión en espacios tan cotidianos como la escuela y sus propios hogares. Fundación Todo Mejora conoce de cerca esta realidad, ya que lleva 13 años trabajando para construir espacios más seguros para niños, niñas adolescencias y juventudes que vivan algun tipo de discriminación por su orientación sexoafectiva, identidad o expresión de género y características sexuales. En su programa Hora Segura, línea de ayuda gratuita y de alcance nacional, durante el 2025 el 46% de las atenciones reportan malestares psicológicos.
A su vez, datos recopilados por la misma Fundación a partir de la última Encuesta Nacional de Juventudes del Instituto Nacional de la Juventud (2025) muestran que 54% de jóvenes LGBT+ reporta haber sufrido discriminación entre pares; cerca de 27,2% ha vivido violencia física y 39,4% violencia psicológica en contextos educativos. En este escenario, decisiones como la eliminación de la Circular N° 781, que orientaba reglamentos internos con perspectiva de género y diversidad, impactan directamente en su salud mental, permanencia escolar y desarrollo integral.
Retirar políticas y normativas de acompañamiento no es neutral. Es dejar a estas niñeces más solas.
Porque la violencia hacia las niñeces diversas no comienza solo con la agresión explícita. También se expresa en decisiones institucionales: en el silencio, en la invisibilización, en el uso de un lenguaje que las borra y en la ausencia de programas que deberían protegerlas.
Aquí el problema se vuelve más profundo. No solo estamos viendo recortes presupuestarios; estamos presenciando una disputa por el sentido mismo de la niñez. ¿Son niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos, con capacidad de participar, expresar su identidad y construir su propio proyecto de vida? ¿O son objetos de tutela definidos desde una mirada adulta, homogénea y restrictiva?
Chile ya respondió esa pregunta al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y avanzar en leyes como la de Garantías. Pero hoy esa respuesta parece estar en tensión.
Desde el trabajo comunitario sabemos que el bienestar de las niñeces no depende solo de intervenciones individuales, sino de entornos que reconozcan la diversidad como parte de la vida social. Cuando esos entornos no existen, aparecen la exclusión, el aislamiento y la violencia. Cuando sí existen, se abren posibilidades reales de desarrollo, participación y ciudadanía. Eso es lo que está en juego.
Por ello, sostener instancias académicas sensible y coherentes con el tema, no es generar solo instancias formativas. Son espacios de resistencia ética y política, donde se sostiene una idea fundamental: que ninguna niñez sobra, que ninguna identidad debe ser negada y que el rol de la sociedad, y del Estado, es garantizar condiciones para que todas puedan desarrollarse con dignidad.
Porque cuando el Estado retrocede, la comunidad no puede quedarse inmóvil. Y porque, finalmente, retroceder en derechos no es solo una decisión administrativa: es una forma de violencia.