En las últimas semanas, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género ha señalado públicamente que las prioridades de la cartera estarán puestas en el empleo femenino, la autonomía económica y el combate a la violencia contra las mujeres. Por eso llama la atención que los recientes recortes presupuestarios se concentren precisamente en áreas vinculadas a dichas prioridades.
La mayor parte del ajuste afecta al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y no corresponde principalmente a gastos administrativos, sino a recursos destinados a iniciativas concretas vinculadas a la autonomía económica y la prevención de la violencia. Entre ellas, programas como Mujeres Jefas de Hogar, Capital Abeja Emprende, Programa de Atención Inicial de las violencias de género, apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia y acciones de prevención de las violencias de género.
Esto ocurre, además, en un contexto donde las mujeres concentran mayores niveles de cesantía, en torno al 10%, y donde la violencia de género persiste como un problema de seguridad pública muchas veces invisibilizado y con cifras alarmantes según datos del CEAD publicados en febrero de 2026.
En políticas públicas, el criterio del recorte importa tanto como el monto. Un ajuste fiscal puede distribuirse de múltiples formas, pero aquí se ha optado por afectar directamente áreas que constituyen el núcleo de la acción del Ministerio de la Mujer, que además no cuenta con amplios márgenes presupuestarios ni con gastos fácilmente prescindibles.
El trabajo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género despliega su trabajo justamente en políticas orientadas a fortalecer la autonomía económica y enfrentar la violencia de género. Por ello no basta con declarar prioridades en seguridad y empleo: estas se concretan en el presupuesto. Hoy recortar en estas áreas no solo debilita su implementación, sino que define en la práctica el lugar que ocupan dentro de las prioridades de este gobierno.