Compromisos y desafíos de la Fiscalía en el Día Contra la Explotación Sexual de NNA
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA) es una de las expresiones más graves de violencia y de afectación de los derechos de las infancias y adolescencias. No solo vulnera su integridad y dignidad, sino que compromete su adecuado desarrollo, su seguridad personal y la posibilidad de construir un proyecto de vida libre de abuso. Se trata, además, de una forma de criminalidad especialmente compleja, porque suele operar en contextos de desigualdad, desprotección y dependencia, donde la violencia no es evidente.
En estos casos, la participación de NNA en actividades sexuales se produce a cambio de dinero, bienes, drogas o cualquier otro tipo de retribución. Por ello, precisamente, las víctimas no logran identificar la situación como una forma de violencia ni dimensionar el daño que les causa. A ello se agrega que el entorno suele justificar o invisibilizar la explotación bajo la errada idea de que existió consentimiento de la víctima. Sin embargo, hay que ser claros: en estos casos, cualquier conducta sexual en la que exista un intercambio de cualquier índole es constitutiva de delito.
Lamentablemente, existen casos de explotación sexual en todo Chile. Muchos de ellos se vinculan con NNA con trayectorias previas de grave vulneración, incluyendo a quienes se encuentran bajo cuidado alternativo residencial. En esos contextos, los explotadores se aprovechan del desamparo, la precariedad afectiva y la ausencia de redes de apoyo que brinden una protección suficientemente temprana y eficaz a las víctimas.
Esto explica que los ingresos al Sistema de Justicia Penal por delitos de explotación sexual hayan aumentado sostenidamente en los últimos años: de 376 delitos en 2022; pasamos a 576 en 2023; 767 en 2024; y 952 en 2025. Es decir, solo durante el último año el incremento fue de 24%, mientras que, en comparación con 2022, los ingresos aumentaron más del doble, con una variación de 153%.
Si bien la respuesta institucional ha registrado avances importantes, como país aún tenemos un desafío enorme: fortalecer una respuesta decidida, especializada y articulada frente a una realidad que lesiona gravemente el futuro de niñas, niños y adolescentes.
Con ese propósito, desde 2023 el Ministerio Público ha impulsado diversas acciones para fortalecer la persecución penal de estos delitos. Un hito relevante fue la suscripción, por parte de múltiples instituciones públicas, de un protocolo investigativo interinstitucional sobre la materia. Este instrumento establece deberes concretos, tales como mantenerse alertas frente a indicadores de explotación, otorgar una respuesta preferente desde la recepción de la denuncia y fortalecer la coordinación territorial.
Además, desde la Fiscalía Nacional se ha priorizado el seguimiento y acompañamiento activo a los equipos regionales, el asesoramiento estratégico en investigaciones complejas, la formación de equipos policiales especializados y el trabajo colaborativo permanente con el intersector, especialmente a través de la Mesa Nacional Interinstitucional contra la Explotación Sexual, integrada además por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Nacional de Protección Especializada y la Defensoría de la Niñez.
De hecho, entre 2023 y 2025 los imputados formalizados por estos delitos aumentaron 184%. Estos resultados reflejan el impacto de las estrategias de persecución penal especializada a nivel nacional.
En ese contexto, y en el marco de esta conmemoración, presentamos el Plan de Formación Especializada en Delitos de Violencia Sexual, orientado a fiscales y funcionarios/as de todo el país. Este programa, construido sobre la base de estándares internacionales y buenas prácticas comparadas, considera la participación de expertas y expertos nacionales e internacionales, y fue concebido como una herramienta estructural para fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio Público en esta materia.
Como Fiscalía de Chile seguiremos fortaleciendo a nuestros equipos para perseguir estos graves delitos, y coordinando con todas las instituciones públicas para proteger a los niños, niñas y adolescentes del país.