Sigamos la ruta del dinero
La semana pasada, la Operación Tokio dejó a la vista algo que muchos sospechábamos pero pocas veces vemos con tanta claridad. La PDI y la Fiscalía desarticularon una célula del Tren de Aragua que sacó de Chile más de 78 mil millones de pesos, usando criptomonedas y hasta a un ejecutivo bancario para mover el dinero al extranjero. Esa plata no venía de la nada: salía de las extorsiones a comerciantes, del narcotráfico, de los secuestros, de la trata de personas en las calles de nuestro país.
Lo digo con claridad: el crimen organizado funciona como una empresa. No mata por matar; mata para cobrar, para controlar territorios, para proteger un negocio. Y mientras ese negocio siga siendo rentable, la organización seguirá reclutando niños, niñas, jóvenes y reemplazando a cada detenido por otro. Por eso detener delincuentes en la calle, siendo necesario, no basta. Si no le quitamos el dinero, la estructura queda intacta y se reproduce sin problemas.
Sin embargo, la Operación Tokio demostró lo contrario. Cuando el Estado sigue la ruta del dinero, golpea donde la organización criminal más lo resiente. Esa es la lección que no podemos desperdiciar y es nuestra oportunidad.
Para hacerlo de forma sistemática -y no solo en operativos excepcionales trasmitidos en horarios de matinales- Chile necesita una herramienta que hoy llega tarde y a cuentagotas: el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y delitos financieros complejos. Los criminales mueven plata en minutos, a través de cuentas puente, empresas de fachada y ahora en criptomonedas. Si nuestros fiscales deben esperar semanas para acceder a la información financiera, cuando llegan el dinero ya cruzó la frontera. Eso fue, justamente, lo que pasó: los fondos terminaron en Colombia.
Sé que esto genera dudas, y es legítimo. Quiero ser honesto: levantar el secreto bancario no es espiar a la gente honesta. No se trata de revisar la cuenta de una familia que paga honradamente sus cuentas a fin de mes. Se trata de que, ante una investigación fundada por delitos graves, un juez -y solo un juez- pueda autorizar el acceso a la información financiera de los sospechosos, con controles y plazos claros. La discusión no es entre privacidad y seguridad: es entre impunidad y justicia.
Las democracias modernas que más han avanzado contra el crimen organizado lo entendieron hace tiempo: persiguen el dinero. Fortalecieron sus unidades de inteligencia financiera y pusieron el foco en el lavado de activos. No castigaron sus derechos sociales ni renunciaron a sus libertades; las protegieron mejor, porque un país donde el crimen lava dinero con facilidad es un país menos libre y más desigualdad y peligroso para todos.
Se trata de entender que la seguridad no es un privilegio: es un derecho social. Son los barrios populares, las familias trabajadoras y los pequeños comerciantes que pagan "vacunas" para poder abrir sus locales, quienes más sufren la violencia del narcotráfico. Cuando hablamos de seguir la ruta del dinero, hablamos de defenderlos a ellos, a los más pobres. Un Estado fuerte y democrático debe cuidar dos cosas al mismo tiempo: las libertades de cada persona y la tranquilidad de cada barrio.
No tengo interés en convertir esto en una pelea entre el Gobierno y la oposición. Las herramientas contra el crimen organizado deberían ser una causa de todos los sectores, construida con acuerdos amplios y sentido de Estado. Por eso llamo al Congreso a actuar con decisión y responsabilidad, dejando atrás las trincheras.
Si el Gobierno quiere recuperar la seguridad de nuestros barrios, debemos perseguir no solo a quienes cometen los delitos, sino también el dinero que los financia. Levantar el secreto bancario bajo reglas democráticas y control judicial no es una amenaza para la ciudadanía honesta, es una herramienta indispensable para enfrentar al crimen organizado y proteger a las familias trabajadoras y emprendedoras chilenas.