Escazú en tiempos de retroceso democrático: la prueba pendiente de Chile
El mundo parece avanzar peligrosamente hacia un escenario marcado por el debilitamiento de las democracias y por crecientes cuestionamientos al multilateralismo. América Latina y el Caribe no son una excepción. Sin embargo, en nuestra región esta tendencia se entrelaza con una realidad particularmente compleja: el aumento de los conflictos socioambientales asociados a actividades extractivas, megaproyectos energéticos, mineros y portuarios, y presiones por flexibilizar estándares regulatorios.
En este contexto se realizó hace algunas semanas en Nassau, Bahamas, la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, el principal tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único instrumento internacional jurídicamente vinculante que establece obligaciones específicas para la protección de las personas defensoras del medio ambiente. La reunión dejó una conclusión tan evidente como inquietante: la implementación efectiva del Acuerdo enfrenta hoy desafíos cada vez más sofisticados, en un escenario político regional menos favorable que el que existía cuando el tratado fue adoptado.
Uno de los aspectos más preocupantes que emergió durante la conferencia fue la transformación de las estrategias destinadas a restringir la participación ciudadana y debilitar la defensa ambiental. A la criminalización de activistas, los desplazamientos forzados y las amenazas contra líderes territoriales, se suma ahora el creciente uso de las llamadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPPs, por su sigla en inglés), acciones judiciales cuyo objetivo no es necesariamente ganar en tribunales, sino intimidar, desgastar económicamente y silenciar a quienes cuestionan proyectos con impactos ambientales o sociales. Otra preocupación en esta materia es la definición de algunos países de avanzar en normativas de seguridad y orden público que, bajo una apariencia de legalidad, terminan reduciendo los espacios de deliberación y acción ciudadana.
Pero la COP4 también evidenció una disputa más profunda: la discusión sobre el sentido político del propio Acuerdo de Escazú. Mientras algunos Estados impulsaron fortalecer los estándares de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, otros -como las delegaciones chilena, argentina y boliviana- promovieron posiciones orientadas a limitar avances sustantivos o moderar el alcance de las decisiones adoptadas. Provocando una tensión que atravesó buena parte de los debates sobre acceso a la justicia, derechos de pueblos indígenas, enfoque de género y protección de personas defensoras ambientales.
Chile ocupó un lugar particular dentro de este escenario. Por una parte, sigue siendo reconocido como uno de los países con mayores avances formales en la implementación del Acuerdo. La puesta en marcha del Plan de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), la creación del Consejo Nacional de Escazú y la incorporación gradual de sus principios en instrumentos regulatorios y climáticos reflejan un esfuerzo institucional significativo. Asimismo, el diálogo sostenido con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento ha sido valorado como una experiencia pionera dentro de la región.
Sin embargo, la experiencia chilena también expone las limitaciones de una implementación que corre el riesgo de quedarse en el plano institucional. El propio proceso de evaluación identificó desafíos relevantes en materia de acceso a información ambiental de calidad, coordinación entre organismos públicos, participación temprana de las comunidades y acceso efectivo a la justicia. Son precisamente estos aspectos los que determinan si Escazú se transforma en una herramienta concreta para las personas o permanece como un conjunto de compromisos bien redactados, pero insuficientemente aplicados.
Desde la sociedad civil surgieron además advertencias que merecen especial atención. Durante esta cumbre diversas organizaciones ambientales alertamos sobre el riesgo de captura corporativa de espacios de gobernanza, el uso instrumental del lenguaje de Escazú por parte de actores que buscan legitimar procesos participativos insuficientes y la creciente utilización de estrategias judiciales para inhibir la acción de comunidades y organizaciones. A ello se suman las persistentes barreras económicas y técnicas que enfrentan la mayoría de las comunidades para acceder a la justicia ambiental, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.
La situación chilena revela así una paradoja que la COP4 dejó en evidencia: el país ha construido una de las arquitecturas institucionales más avanzadas de la región para implementar el Acuerdo de Escazú, pero ello no garantiza por sí mismo que los derechos ambientales estén plenamente protegidos. En este sentido, la principal lección que deja la conferencia de Nassau es que la eficacia del Acuerdo de Escazú no depende exclusivamente de nuevas normas o estructuras administrativas, sino, sobre todo, de la voluntad política para aplicar sus principios, incluso cuando estos puedan generar tensiones con intereses económicos. Y depende también de una sociedad civil activa, capaz de monitorear, exigir y defender los estándares alcanzados.
Para Chile, el desafío de los próximos años no consiste únicamente en consolidar los mecanismos creados, sino en profundizar su efectividad. Ello exige fortalecer la participación temprana e incidente de las comunidades en la toma de decisiones ambientales, reducir las barreras de acceso a la justicia, mejorar la calidad y disponibilidad de la información pública, y desarrollar mecanismos más robustos de protección para personas defensoras del medio ambiente. También requiere asegurar que los espacios de gobernanza ambiental mantengan su independencia y representatividad, evitando cualquier forma de captura o debilitamiento de su función pública.
En tiempos de creciente incertidumbre democrática, el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú constituye mucho más que una obligación internacional: es, por sobre todo, una oportunidad para fortalecer la democracia ambiental, reconstruir confianzas entre instituciones y ciudadanía, y garantizar que las decisiones sobre el futuro de los territorios se adopten con transparencia, participación y justicia. El trabajo del Estado chileno en esta materia no se medirá en los avances institucionales que pueda exhibir, sino en su capacidad para convertirlos en derechos efectivos para las comunidades y en una protección real para quienes defienden el medio ambiente.