El bosque que aprendimos a cuidar
La conservación de los bosques de Chile no nació de una convicción ambiental. Nació el 30 de septiembre de 1907, cuando un decreto creó la Reserva Forestal Malleco fundándose en que "hai manifiesta conveniencia en conservar para el Estado bosques fiscales del territorio de Colonización". Conservar para el Estado, frente al avance de la colonización: la palabra biodiversidad aún no existía. De ese acto administrativo desciende todo lo que hoy llamamos sistema de áreas protegidas.
Conviene preguntar qué quedaba del bosque para entonces, y por qué. Los bosques valdivianos lluviosos cubrían 11,3 millones de hectáreas hacia 1550 y 5,7 millones en 2007. En 1743, el cabildo de Castro ya lamentaba alerzales "muy agotados", y entre 1785 y 1874 la ley chilena no protegió el bosque: lo entregó a la minería.
Claudio Gay atribuyó -en 1838- la aridez de Coquimbo a "la penuria de nuestras leyes sobre el arreglo de bosques". El siglo XIX fue el más duro: el trigo, la colonización dirigida por el Estado y el ferrocarril despejaron con fuego La Araucanía y el sur. En 1968 la Segunda Jornada Nacional de Conservación de la Naturaleza dejó el saldo por escrito: "En los últimos 100 años se han erosionado en Chile más de 9 millones de hectáreas".
La reacción llegó con el siglo XX, por dos caminos a la vez. Federico Albert fijó con árboles las arenas de Chanco: la forestación nació como obra pública de reparación de suelos, y el Estado la subsidia desde 1931. Ese mismo año la Ley de Bosques facultó al Presidente para crear reservas y Parques Nacionales de Turismo.
La protección, en cambio, avanzó sobre bases prestadas. Las categorías con que administramos parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales no vienen de una ley chilena, sino de la Convención de Washington de 1940. Y cuando el país dictó por fin su propia ley de áreas silvestres protegidas, en 1984, nunca entró en vigencia: quedó condicionada a otra ley, y esa otra a un decreto que ningún Presidente dictó jamás.
Y, sin embargo, el sistema se construyó. En 1969, de 40 parques nacionales declarados, solo 22 tenían personal: apenas el 18% de la superficie. Desde entonces Conaf levantó una red que hoy administra 110 áreas silvestres protegidas. Por el camino declaró Monumento Natural al alerce en 1976 y devolvió esa condición a la araucaria en 1990, ocho días después de la asunción del presidente Aylwin; y en el altiplano, donde quedaban unas mil vicuñas al crearse el Parque Nacional Lauca en 1969, se contaron 3.057 en 1976.
Ese sistema cubre hoy el 21% del territorio nacional y resguarda cerca de un tercio del bosque nativo del país. El año pasado recibió 2,68 millones de visitantes, y en el último período se crearon seis nuevas áreas protegidas y se restauraron casi 10 mil hectáreas.
Todo eso se sostiene con muy poco. Chile destina un dólar con 26 centavos al año por hectárea protegida, cuando la referencia internacional para una gestión efectiva es del orden de seis. Hay 470 guardaparques para todo el sistema, y más de la mitad del presupuesto lo aportan los propios visitantes en la boletería. Que el sistema funcione así dice mucho de quienes lo operan.
El diagnóstico que originó todo sigue en pie: el 49% del territorio presenta algún grado de erosión. Conservar lo que queda, restaurar lo degradado y devolverle capacidad productiva al suelo no son tareas que compitan entre sí: son las tres caras de un mismo desarrollo sustentable.
Entre 2023 y 2025 el país terminó de dictar las leyes que faltaban: la que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la del Servicio Nacional Forestal. Por primera vez tenemos la norma y el servicio público que la aplica.
La arquitectura está completa. Lo que sigue no es elegir entre conservar y producir, sino hacer bien las dos cosas en el mismo territorio: sostener y ampliar lo construido, llegar a los ecosistemas que aún quedan fuera y recuperar suelos que hoy no sirven ni a la naturaleza ni a quienes viven de ellos. Durante más de un siglo esa tarea avanzó por la convicción de guardaparques, ingenieros forestales y funcionarios de regiones que sostuvieron un sistema sin ley propia y con presupuestos estrechos. Esa capacidad instalada es el principal activo del país para lo que viene: entregar a la generación siguiente más bosque y mejor suelo de los que recibimos.