Salud mental infanto-adolescente: desigualdad que el promedio no deja ver
En 2025, el visor ministerial de listas de espera registraba cerca de 14.000 casos aguardando una primera consulta de psiquiatría infantil y de la adolescencia, con una mediana nacional de 306 días. Diez meses entre la derivación y la primera evaluación, en una etapa donde 10 meses no son un trámite: son un año escolar, una crisis familiar.
Detrás de esa espera hay un dato que rara vez se mira: cuánta capacidad de atención especializada tiene efectivamente la red pública. Las horas contratadas equivalen a 245 jornadas completas asistenciales, frente a un requerimiento potencial de 776. La cobertura nacional llega al 32%. Un tercio. Pero ese 32% es la cifra menos útil de todas.
Cuando se abre el dato por región, el país deja de comportarse como una unidad. Antofagasta cubre el 6% de su requerimiento estimado. Tarapacá, 13%. En el otro extremo, Magallanes aparece con 83% y Aysén con 75%.
Los extremos, sin embargo, no significan lo mismo. Magallanes tiene una cobertura alta porque su población objetivo es pequeña, no porque su red esté necesariamente resuelta. Su oferta total equivale a seis jornadas completas asistenciales; Aysén, a cuatro. En redes de ese tamaño, la salida de uno o dos profesionales puede alterar rápidamente la capacidad disponible. Lo que muestran esos números no es necesariamente solvencia, sino fragilidad.
Antofagasta ilustra el problema contrario: una región grande, con una capacidad instalada que no guarda proporción con su población infanto-adolescente. Ahí el 6% no expresa solo fragilidad, sino una insuficiencia estructural.
Un tercer patrón aparece en el centro. La Región Metropolitana concentra el 39% del requerimiento nacional y aporta el 28% de la oferta. Su cobertura es 23%, más baja que la de Biobío o La Araucanía. Concentrar especialistas, por tanto, no equivale a resolver la brecha: en términos absolutos, la Región Metropolitana presenta el mayor déficit del país, con 232 jornadas, seguida por Valparaíso con 57, Maule con 36 y O'Higgins con 33.
Buena parte de la discusión sobre distribución de especialistas descansa en un supuesto pocas veces examinado: que existe un pool nacional de psiquiatras infantiles reasignable territorialmente. Con una cobertura de un tercio, redistribuir puede hacer más equitativa una oferta insuficiente, pero no aumentar la capacidad disponible. Trasladar horas desde una región con mayor cobertura hacia otra con 6% mejora el mapa, pero no resuelve la brecha nacional. Toda estrategia que se agote en redistribuir lo existente administra la escasez en lugar de resolverla.
Algo similar ocurre con la idea de comprar capacidad privada. Esa alternativa puede agregar horas a la red, pero su alcance depende de la disponibilidad de especialistas y de su distribución territorial. Comprar servicios puede aumentar capacidad allí donde existe oferta, pero no resuelve por sí solo las brechas en territorios donde los especialistas simplemente no están.
El techo también importa. Hay 613 especialistas inscritos en el país y 330 con contrato vigente en la red pública. Aun si los 613 trabajaran jornada completa para el sector público, con la dedicación asistencial que supone este cálculo, la cobertura llegaría al 79%. Ese es el máximo teórico. La compra de horas, por tanto, también enfrenta un límite dado por la disponibilidad total de especialistas. Incluso bajo un supuesto más restrictivo -que solo el 20% de los casos requiere atención especializada- la cobertura llega al 47% y persiste una brecha de 273 jornadas.
Nada de esto significa contratar mañana 531 psiquiatras infantiles. Una brecha de esta magnitud no puede resolverse con una sola medida ni en el corto plazo: requiere combinar formación, distribución, condiciones laborales y retención, pero también revisar cómo se organiza la atención. Parte de la respuesta pasa por fortalecer modelos escalonados de cuidado e incorporar estrategias de redistribución de tareas -task shifting o task sharing- para que no toda necesidad de atención en salud mental infanto-adolescente dependa directamente de un psiquiatra infantil.
Donde la cobertura es muy baja, no basta con abrir cupos: hay que lograr que los especialistas lleguen y permanezcan, con redes de atención que funcionen, equipos con los cuales trabajar y condiciones que reduzcan el aislamiento. Donde existe mayor concentración, el desafío es organizar el tiempo especializado para que sostenga a la red -mediante consultoría a la atención primaria, telepsiquiatría y apoyo a otros profesionales- reservando la atención directa del especialista para aquellos casos que efectivamente la requieren.
Hay, por último, un problema de información. Del sector público existen datos sobre contratos, horas y distribución territorial. Del privado no existe un registro oficial equivalente que permita conocer cuántas horas de psiquiatría infantil se prestan fuera de la red pública, dónde y cuántas corresponden a profesionales que también trabajan en ella.
Esa asimetría limita la capacidad de analizar el sistema en su conjunto, proyectar necesidades y construir escenarios de respuesta. Podemos describir con bastante precisión una parte del cuadro y debemos suponer la otra, justamente aquella que suele invocarse cuando se propone comprar capacidad fuera del sistema público. Mientras tanto, seguiremos discutiendo promedios nacionales. Y el promedio nacional, como sabe cualquiera que trabaje en regiones, no vive en ninguna parte.
Las cifras citadas provienen del estudio "Brecha de psiquiatras infantiles y de adolescencia en la red pública chilena: estimación de oferta y requerimiento asistencial para 2025", de María José Calletti Godoy y Cristián Rebolledo Díaz, publicado en Medwave 2026;26(07).