Seguridad: una responsabilidad institucional
Coescrita con Iván Moreira Barros, vicepresidente del Senado
La seguridad pública es, sin duda, una de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas. Enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia requiere valentía, decisión, capacidad del Estado y respuestas eficaces. Pero, también exige algo indispensable en nuestra democracia: acuerdos amplios y sostenibles.
En las últimas semanas hemos visto cómo la discusión en torno a la reforma constitucional sobre seguridad ha generado diferencias legítimas entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición. El Ejecutivo decidió rebajar la urgencia de la iniciativa, desde suma urgencia a urgencia simple, extendiendo el tiempo disponible para su discusión. Desde distintos sectores de la oposición, en tanto, se ha planteado derechamente el retiro del proyecto para elaborar un nuevo texto.
Ambas posiciones forman parte del debate democrático. Y, precisamente, por eso creemos que este es el momento de poner en valor el rol que corresponde al Senado.
El Senado, como colegislador, es el lugar donde diferentes visiones del país deben encontrarse, confrontar argumentos y, cuando sea posible, construir acuerdos. Esa es nuestra responsabilidad institucional.
La determinación de rebajar la urgencia puede ser entendida, más allá de las diferencias políticas que existen sobre la reforma, como una oportunidad para buscar el mejor camino a seguir, y para que el debate legislativo tenga el tiempo y la profundidad que una modificación constitucional de esta naturaleza requiere.
Cuando se trata de una reforma constitucional, es decir, de reglas que definen las facultades del Estado y afectan derechos fundamentales, el desafío democrático es mayor: buscar normas que sean eficaces y constitucionalmente sólidas. Chile necesita seguridad, pero también requiere instituciones fuertes, controles adecuados y medidas que entreguen certezas.
El Gobierno tiene la responsabilidad de impulsar sus iniciativas y escuchar las observaciones durante su tramitación. La oposición tiene el derecho y el deber de plantear sus reparos y alternativas. Y el Senado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que esas posiciones puedan encontrarse.