La convivencia escolar y la adultez
Hemos dicho anteriormente que una escuela no se sostiene únicamente por sus resultados, su infraestructura, sus protocolos o sus planes de estudio. Una escuela se sostiene, sobre todo, por la calidad de los vínculos que somos capaces de construir.
Desde hace algún tiempo observo con preocupación un fenómeno del que todavía hablamos poco: el aumento de situaciones de hostigamiento, amenazas, descalificaciones, exposición en redes sociales y confrontaciones protagonizadas por algunos adultos hacia quienes trabajan en las comunidades educativas, algunos apoderados que han socavado el clima escolar. No hablo de la legítima preocupación de una madre o un padre por su hijo. Tampoco de la necesaria capacidad de las familias para preguntar, exigir explicaciones, plantear desacuerdos o recurrir a las instancias institucionales cuando consideran que algo no se ha realizado correctamente. Todo aquello forma parte de una comunidad democrática y responsable.
El problema comienza cuando el desacuerdo deja de expresarse mediante el diálogo y se transforma en intimidación; en una excesiva demanda de explicaciones, cuando la preocupación se convierte en amenaza; cuando la legítima exigencia de respuestas deriva en descalificación personal; o cuando una denuncia deja de entenderse como un mecanismo de protección y comienza a utilizarse como una herramienta de presión.
Desde mi experiencia en convivencia y gestión educativa, he podido constatar que estas situaciones nunca afectan solamente a los adultos involucrados. Su impacto termina alcanzando a toda la comunidad y, finalmente, también a los estudiantes que buscamos proteger.
La energía que debiera estar puesta en enseñar, acompañar, innovar, contener y construir vínculos termina destinándose a responder conflictos, documentar defensivamente cada actuación o anticipar la próxima acusación, con un incremento burocrático nunca antes visto.
Los equipos de convivencia comienzan entonces a invertir una parte importante de su tiempo en administrar conflictos entre adultos, cuando ese tiempo debiera estar principalmente destinado al acompañamiento de estudiantes, docentes y familias.
Podemos desarrollar innumerables programas de convivencia, ciudadanía, respeto o resolución pacífica de conflictos, pero estos perderán fuerza si los adultos no somos capaces de modelar aquello que esperamos de nuestros niños, niñas y jóvenes
Sería injusto plantear esta reflexión sin reconocer la otra parte de la responsabilidad. Las escuelas también debemos revisar nuestras prácticas. Debemos escuchar mejor, responder oportunamente, explicar nuestras decisiones, reconocer errores cuando corresponda, cumplir nuestros protocolos y garantizar procedimientos claros, respetuosos y transparentes.
Las familias tienen derecho a preguntar, discrepar y exigir respuestas. Y las instituciones tenemos el deber de entregarlas. Pero existe una diferencia fundamental entre exigir una respuesta y ejercer violencia para obtenerla. El buen trato no puede ser una exigencia unilateral.