El día en que el Gobierno decidió abandonar el arriendo a precio justo
La decisión del gobierno de José Antonio Kast de terminar con el programa "Arriendo a Precio Justo" representa un brutal retroceso en la búsqueda de soluciones para una de las principales preocupaciones de miles de familias: acceder a una vivienda digna sin que el costo del arriendo afecte desproporcionadamente los ingresos familiares.
Promover el acceso a la vivienda propia es, sin duda, una aspiración legítima y una política necesaria. Sin embargo, resulta equivocado plantear la propiedad como la única alternativa posible y desconocer la realidad de quienes, por sus ingresos, edad, condiciones laborales o circunstancias familiares, no pueden acceder hoy a un crédito hipotecario. Para esas familias, el arriendo no es una elección ideológica, sino una necesidad.
La política habitacional debe ser capaz de responder a las distintas realidades de las personas y Chile necesita avanzar en el acceso a la vivienda propia, pero también requiere alternativas de arriendo dignas, seguras y económicamente accesibles. Ambas políticas no son excluyentes, al contrario, son necesarias para enfrentar el preocupante déficit habitacional que ya supera el millón de familias que hoy no viven en condiciones aceptables.
Esa convicción fue la que nos llevó en Recoleta a impulsar el proyecto Justicia Social I, iniciativa pionera que permitió la construcción de departamentos municipales destinados al arriendo a precio justo. Son viviendas públicas de calidad, cercanas a servicios, red de transporte, establecimientos educacionales y centros de salud, donde cada familia destina máximo el 25% de su ingreso por concepto de arriendo.
El Condominio Justicia Social I, con sus 38 departamentos, surgió precisamente como una respuesta concreta a un problema que durante años se dejó en manos del mercado. Cuando los precios del arriendo aumentan sin considerar los ingresos de las familias, muchas personas terminan destinando una parte excesiva de su sueldo sólo a mantener un techo, afectando su capacidad para cubrir necesidades tan esenciales como la alimentación, la salud y la educación.
La experiencia de Recoleta demostró que existen alternativas y que el Estado, junto a los gobiernos locales, puede cumplir un papel activo en la generación de soluciones habitacionales. La vivienda no puede ser entendida exclusivamente como un activo financiero o una mercancía cuyo acceso dependa únicamente de la capacidad económica de cada persona. Cumple una función social y constituye una condición básica para el desarrollo de una vida digna.
Es preocupante que el gobierno haya decidido terminar con el programa "Arriendo a Precio Justo", privilegiando una visión en la que la política habitacional se concentra fundamentalmente en la propiedad. El problema no está en promover que más familias sean propietarias, sino en abandonar al mismo tiempo a quienes no pueden acceder a esa alternativa.
Necesitamos más construcción de viviendas, más suelo público, mayor integración urbana y mejores condiciones para acceder a la propiedad, pero también políticas de arriendo protegido que permitan a las familias vivir en condiciones adecuadas y pagar valores proporcionales a sus ingresos. La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a elegir entre propietarios y arrendatarios, pues el desafío es construir un sistema habitacional que garantice distintas alternativas para que ninguna persona deba elegir entre pagar el arriendo y cubrir otras necesidades esenciales.
Desde Recoleta seguiremos defendiendo el camino que abrió el proyecto Justicia Social, porque creemos que las políticas públicas deben responder a los problemas reales de las personas. La experiencia de nuestros departamentos en arriendo a precio justo demuestra que es posible avanzar hacia un modelo distinto, en el que la vivienda sea entendida como un derecho y no exclusivamente como un bien sujeto a las reglas del mercado.
Eliminar políticas que avanzan en esa dirección no sólo significa un retroceso, sino también dejar de lado una herramienta necesaria en un momento en que miles de familias enfrentan crecientes dificultades para acceder a una vivienda. Y aquí el Estado es indispensable para garantizar que el derecho a vivir dignamente no dependa exclusivamente de la posibilidad de comprar una propiedad.
El Gobierno aún está a tiempo de corregir este profundo error histórico. Persistir en una trinchera ideológica y terminar con una política pública que ha mejorado la vida de miles de personas no es avanzar, es darle la espalda al bienestar social de Chile.