Lo que no conocemos y puede costar: alfabetismo ambiental para gestión territorial
Cada temporada de lluvias, los noticieros repiten la misma escena con casas arrastradas por deslizamientos en laderas, calles inundadas en zonas que alguna vez fueron humedales, viviendas costeras devoradas poco a poco por el mar. Y cada vez, la sorpresa parece genuina. Como si el territorio no hubiera estado avisando desde siempre.
No es sorpresa. Es desconocimiento. Y ese desconocimiento tiene nombre, se llama falta de alfabetismo ambiental. Pero sería un error pensar que este problema es exclusivamente de las comunidades que habitan zonas de riesgo. Se extiende, con consecuencias todavía más graves, hasta las oficinas donde se planifican ciudades, se aprueban permisos de construcción y se diseñan políticas públicas.
Un territorio que se lee, no solo se habita
Vivir en un lugar no es lo mismo que entenderlo. Una ladera con pendiente pronunciada, suelo saturado de agua y vegetación removida no es solo un "buen terreno con vista", sino es una advertencia geológica. Un humedal relleno para construir no desaparece funcionalmente, solo deja de visibilizarse, hasta que una tormenta fuerte le recuerda a la comunidad cuál era su función original como esponja de agua. Una duna costera no es un obstáculo para el paisaje ideal frente al mar, es una barrera natural que amortigua el oleaje y protege lo que está detrás.
El problema es que buena parte de nuestras comunidades, y muchas veces también quienes deciden dónde y cómo se construye, no fueron formadas para leer estas señales. Se compra o se ocupa un lote por precio, por cercanía, por oportunidad, sin preguntas sobre historia hídrica, tipo de suelo o vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos.
Cuando el desconocimiento se sienta en el escritorio de decisiones
Es cómodo pensar que el problema termina en la falta de educación de quien construye su casa donde no debería. Pero detrás de cada permiso de construcción otorgado sobre un humedal relleno, de cada urbanización aprobada al pie de una ladera inestable, de cada línea costera entregada a proyectos inmobiliarios sin estudio de riesgo, hay una decisión institucional. Y esa decisión, con demasiada frecuencia, se toma con el mismo desconocimiento ambiental que le atribuimos a la ciudadanía.
Gobiernos locales que aprueban planes reguladores sin actualizar la cartografía de riesgo. Municipalidades que otorgan permisos de edificación revisando exclusivamente normas de construcción, sin cruzar esa información con estudios hidrológicos o geotécnicos. Autoridades ambientales con la potestad legal de proteger un humedal, pero sin el personal técnico, el presupuesto o la voluntad política para hacer cumplir esa protección sobre el terreno. Legisladores que definen categorías de uso de suelo sin haber consultado a quienes estudian el comportamiento real de esos ecosistemas.
El resultado es un círculo perverso. La autoridad no exige lo que no entiende, la ciudadanía no cuestiona lo que la autoridad ya aprobó, y el desastre cuando llega se atribuye a la "naturaleza impredecible" en lugar de a una cadena de decisiones perfectamente identificables.
Cuando cambia el gobierno, cambia la memoria
A esto se suma un problema estructural, la rotación política. Cada cambio de administración trae consigo la posibilidad de que el conocimiento técnico acumulado como diagnósticos, estudios de vulnerabilidad, planes de ordenamiento territorial construidos durante años quede archivado y sea reemplazado por prioridades distintas, muchas veces desconectadas de la evidencia ambiental disponible.
Las decisiones sobre el territorio dejan de ser una política de Estado sostenida en el tiempo, y se convierten en decisiones de turno, sujetas al ciclo electoral y no al ciclo natural del ecosistema que se está regulando.
Mientras tanto, los humedales, las laderas y las costas no funcionan en periodos de cuatro años. Sus procesos de erosión, de infiltración, de acumulación de sedimentos se miden en décadas. Gestionarlos con una mirada de corto plazo es, literalmente, gestionar en el idioma equivocado.
La cooperativa como espacio natural de alfabetización
Aquí es donde el modelo cooperativo tiene una responsabilidad y una oportunidad que pocas otras formas de organización poseen. Una cooperativa no es solo una estructura económica; es una red de confianza, de encuentro periódico, de decisiones colectivas. Es, en esencia, un aula permanente si decidimos usarla como tal.
El alfabetismo ambiental no requiere títulos universitarios ni tecnicismos, sino requiere que las personas puedan responder preguntas básicas sobre su entorno. ¿Por qué esta zona se inunda cada año? ¿Qué función cumplía este humedal antes de ser rellenado? ¿Qué señales indican que una ladera está perdiendo estabilidad? ¿Por qué construir sobre dunas activas compromete no solo la vivienda individual sino la de los vecinos?
Estas no son preguntas académicas. Son preguntas de supervivencia colectiva, y las cooperativas agrícolas, de vivienda, de ahorro y crédito, de servicios tienen canales ya establecidos para llevarlas a sus asociados, como asambleas, boletines, capacitaciones, comités.
Pero esa alfabetización comunitaria, para ser realmente efectiva, no puede quedarse puertas adentro. Una cooperativa informada tiene también la legitimidad y la fuerza organizativa para exigir hacia afuera para pedir a la municipalidad los estudios técnicos detrás de un permiso, para participar informadamente en audiencias públicas de planes reguladores, para señalar con evidencia cuando una decisión administrativa ignora el comportamiento conocido de un ecosistema. El conocimiento ambiental, en manos de una organización colectiva, deja de ser solo protección individual y se convierte en incidencia pública.
De la reacción a la prevención
Actualmente, la relación de muchas comunidades y de muchas instituciones con el riesgo ambiental es reactiva. Se actúa después del desastre, se reconstruye en el mismo lugar, se repite el ciclo. La alfabetización ambiental invierte esa lógica. Permite pasar de "qué hacemos ahora que se inundó" a "por qué no deberíamos construir aquí" o "qué necesita este territorio para seguir protegiéndonos", y ese cambio de pregunta debe darse tanto en la mesa familiar como en la sala de sesiones del concejo municipal.
Esto no significa convertir a cada asociado, ni a cada funcionario público, en hidrólogo o geólogo. Significa construir un criterio compartido, un lenguaje común sobre el territorio que habitamos, para que las decisiones individuales, colectivas e institucionales se tomen con información y no solo con necesidad inmediata, costumbre o conveniencia política o económica de corto plazo.
Una tarea que no puede esperar, ni quedar en manos de unos pocos
El cambio climático no va a esperar a que cerremos esta brecha de conocimiento por sí sola. Los eventos extremos seguirán llegando, y lo harán con más frecuencia. La pregunta no es si volverá a llover fuerte sobre esa ladera o si el mar seguirá avanzando sobre esa costa. La pregunta es si, para entonces, sabremos leer lo que el territorio nos ha estado diciendo todo este tiempo, y si quienes tienen el poder de autorizar, regular y planificar habrán aprendido a leerlo también.
Las cooperativas tienen la estructura, la confianza comunitaria y el alcance para convertir el alfabetismo ambiental en una práctica cotidiana, no en un tema de conferencia ocasional. Pero esa tarea no puede sustituir la responsabilidad que corresponde al Estado y a sus autoridades técnicas y políticas. Necesitamos comunidades que entiendan su territorio, y necesitamos, con la misma urgencia, gobiernos y autoridades que dejen de improvisar sobre él.
Depende de nosotros como asociados, como vecinos, como ciudadanos decidir si seguimos siendo sorprendidos por el territorio, y depende también de exigir que quienes toman las decisiones dejen de sorprenderse junto a nosotros.