La democracia frente a la industria de la desinformación
Durante años se ha pensado la desinformación como una sucesión de noticias falsas. Como una mentira que alguien inventa, otro comparte y luego un medio u organización verifica. Sin embargo, las democracias se enfrentan hoy a un fenómeno bastante más complejo y peligroso: cadenas de influencia que combinan desde sondeos con datos falseados, metodologías opacas o preguntas con sesgos, hasta la automatización de bots y actores políticos capaces de convertir esas narrativas en hechos con consecuencias políticas e institucionales. La desinformación es, en este sentido, una herramienta dentro de una industria más amplia de influencia y manipulación de la opinión pública.
El caso de Fernando Cerimedo y su vinculación con procesos electorales en distintos países de la región permite, al menos, identificar cinco elementos clave en una estrategia de desinformación: medir, producir pseudo-evidencia, amplificar, legitimar y convertir en acción política.
Primero se identifican audiencias, sus temores y los grupos susceptibles de ser movilizados mediante encuestas, segmentación y análisis digital. En Chile, el uso de la encuesta Numen -sondeo de opinión fundado por Cerimedo- mostró cómo una herramienta de apariencia técnica podía ponerse al servicio de una estrategia política durante el plebiscito de 2020. Sus mediciones, encargadas por sectores del Rechazo, fueron utilizadas para instalar la idea de que esa opción todavía podía imponerse y disputar así la percepción pública de un triunfo ampliamente anticipado del Apruebo. El resultado final dejó en evidencia la enorme distancia entre aquella construcción y la voluntad expresada en las urnas.
El segundo eslabón consiste en revestir de objetividad una tesis política, parcial e intencionada, mediante el uso de datos, gráficos o documentos. En Brasil, Cerimedo difundió un dossier falso que buscaba transformar las sospechas sobre las urnas electrónicas en una supuesta demostración de fraude.
Luego viene la amplificación, mediante trolls, cuentas ficticias, bots o intervención algorítmica capaces de hacer que una afirmación marginal parezca tendencia. Cerimedo ha reconocido públicamente utilizar trolls y granjas de cuentas como parte de sus estrategias digitales, precisamente para aumentar la visibilidad de determinados contenidos e intervenir sobre su posicionamiento en redes. Después, el blanqueo informativo, cuando un contenido partidista circula por portales, redes, dirigentes y prensa hasta perder de vista su origen. Y, finalmente, la conversión política, cuando las autoridades recogen esas narrativas y las transforman en denuncias, movilización o presión institucional. En Brasil, las acusaciones de fraude electoral dejaron de ser sólo contenidos que circulaban en redes cuando fueron asumidas por dirigentes y utilizadas para cuestionar públicamente la validez del resultado electoral. Los algoritmos pueden amplificar una mentira, pero una autoridad puede convertirla en un hecho político.
Por eso, quienes ejercemos representación popular o autoridad pública debemos estar sometidos a un estándar democrático mayor, no porque tengamos menos libertad de expresión, sino porque nuestras palabras tienen efectos distintos y una afirmación proveniente de una cuenta anónima no produce las mismas consecuencias que una formulada por un presidente, un ministro, un parlamentario o un candidato. Quien ejerce un rol público dispone de mayor capacidad de amplificación, acceso privilegiado a medios, representación institucional y, en determinados casos incluso, facultades para activar al propio Estado. La libertad de expresión es la misma para todos y todas, pero la responsabilidad democrática no. Por ello, una cuestión urgente es legislar para impedir que los órganos del Estado, en su comunicación con la ciudadanía, participen de estas estrategias de desinformación.
Brasil constituye una advertencia especialmente seria porque allí la desinformación avanzó hasta desembocar en una crisis institucional. Cerimedo no fue acusado por la tentativa de golpe, porque no se acreditó que conociera la falsedad del dossier que difundió, pero el recorrido muestra que la erosión democrática comienza mucho antes de una ruptura institucional, cuando los árbitros pierden legitimidad, toda derrota puede explicarse como fraude y el adversario comienza a ser presentado como un enemigo cuya victoria solo puede provenir del engaño.
Y en este cuadro, lamentablemente, Chile no es inmune. Los antecedentes ya observados en nuestro debate electoral y las controversias recientes sobre trolls, bots y cuentas anónimas muestran las dificultades para identificar quién financia, administra y profundiza determinadas operaciones digitales. Sin embargo, es necesario dotarnos de las herramientas suficientes para detectarlas y enfrentarlas. La democracia también se fortalece impidiendo que alguien fabrique, desde las sombras, la realidad sobre la que ciudadanos y ciudadanas emitirán su voto.