Alimento con sello "alto en", evita su consumo
Coescrita con Patricia Gálvez Espinoza, magíster en Nutrición, Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones U. de Chile
La reciente decisión de la Corte Suprema, de dejar sin efecto el decreto que exigía incorporar la frase "Alimento con sello 'alto en', evita su consumo" en la publicidad de determinados productos, abre un debate que trasciende lo estrictamente jurídico. El cuestionamiento judicial se centró en la fundamentación técnica de la medida por parte de la autoridad sanitaria y no en la validez del etiquetado nutricional en sí mismo ni en el consenso científico sobre la necesidad de prevenir enfermedades crónicas. Este episodio constituye, en rigor, una invitación a profundizar en la complejidad de los determinantes comerciales de la salud (DCS) y en cómo nuestro sistema de políticas públicas gestiona la interacción entre los intereses económicos y el bienestar sanitario de la población.
Los DCS se definen como los sistemas, prácticas y vías a través de los cuales los actores comerciales influyen en la salud humana, la salud planetaria y la equidad. Es fundamental comprender esta categoría de forma analítica y no necesariamente oposicional. La actividad comercial es un motor esencial de la economía, proveedora de bienes, servicios, empleo e innovación. Sin embargo, al igual que cualquier actor que opera en sociedad, las empresas persiguen objetivos legítimos de crecimiento y rentabilidad que, en ocasiones, pueden entrar en tensión con los objetivos de salud pública. Reconocer esta dinámica es un paso necesario para transitar desde la confrontación hacia una gobernanza coherente, donde la actividad económica y la protección de la salud puedan convivir mediante un marco normativo claro.
Esta disputa permite observar la doble naturaleza de las regulaciones alimentarias: su componente estructural y su faceta individual. Por un lado, las medidas de etiquetado y restricción publicitaria poseen un carácter estructural, ya que actúan directamente sobre el "entorno alimentario". Las personas no toman decisiones en el vacío; su consumo está condicionado por la disponibilidad, el precio, la publicidad, la información, y el diseño de los productos. Cuando el Estado regula este entorno mediante sellos o impuestos, está ejerciendo su capacidad regulatoria para equilibrar las condiciones en las que se desarrolla la vida de las personas, procurando que este entorno favorezca las decisiones más saludables y no derive en resultados sanitarios adversos. Por otro lado, estas herramientas operan a nivel individual al proporcionar información clara y veraz para la toma de decisiones de compra y consumo. En un mercado saturado de estímulos, la advertencia sanitaria cumple una función informativa clave: dota al ciudadano de un insumo claro para ejercer su autonomía y preferir alternativas alineadas con las guías alimentarias. Por tanto, la controversia sobre la frase "evita su consumo" no debería reducirse a una disputa semántica, sino entenderse como parte de un desafío mayor: cómo garantizar que los consumidores reciban información adecuada, sencilla y oportuna en un mercado que se encuentra en permanente expansión.
La literatura internacional sugiere que el papel del Estado no es eliminar productos, sino diseñar un sistema con reglas claras. La asimetría de poder entre las grandes corporaciones y los organismos públicos -visible a través de estrategias como el cabildeo, el litigio estratégico o la producción de evidencia científica propia- es un factor que se debe considerar al evaluar políticas. La legitimidad de las empresas para cuestionar actos administrativos es un derecho en el marco del Estado de derecho; no obstante, el interés público exige que el Estado mantenga capacidades regulatorias robustas, decisiones fundamentadas técnica y empíricamente, y la capacidad de resguardar la salud colectiva como una prioridad inalienable.
Construir una salud pública eficaz requiere, en última instancia, superar la dicotomía entre la responsabilidad individual y el rol del Estado. Si bien nuestras elecciones personales son determinantes, las condiciones en las que estas elecciones se realizan son, innegablemente, un elemento central. El desafío actual es avanzar hacia un sistema próspero que integre la protección de la salud y el bienestar de la población como un pilar del desarrollo.