El precio de movernos: subsidios, inequidad y la cuenta que nadie cierra
El gobierno que acaba de concluir deja una preocupante herencia financiera en materia de transporte público: subsidios que superan los $1.535.500 millones anuales, equivalentes a cerca de USD 1.600 millones. Entre 2022 y 2025, el gasto creció $527.000 millones en apenas tres años, y desde 2009 los recursos del Ministerio de Transportes han aumentado 65 veces. La pregunta difícil es cuándo -y dónde- termina esta espiral.
El avance más visible del período fue la electrificación-baterías de la flota en la Región Metropolitana: de 992 buses eléctricos en 2022 se llegó a 2.857 en 2025. Menos contaminación, menos ruido. Un logro real que merece reconocerse. Pero los árboles no deben impedir ver el bosque. La RM, con el 42% de la población, concentra el 73,5% del total de los subsidios. En la región, el subsidio alcanza $134.847 por habitante al año; en Arica, Atacama, Coquimbo, O'Higgins o Maule, apenas $11.000: 12 veces menos.
La ley 20.378 consagra el principio de igualdad en la distribución de estos recursos. Sin embargo, la brecha acumulada a favor de la RM ya supera los $250.000 millones, según la Oficina Presupuestaria del Senado. El fondo creado para corregirla representa solo el 28% del total y no modifica sustancialmente el cuadro. La inequidad no es un accidente: es el resultado de la inercia institucional.
La espiral y el nivel del gasto requieren de una racionalización a lo menos en dos frentes. El primero es el control del gasto: reducir la tremenda flota de reserva de 1.150 buses, bajar la evasión desde el 34,9% actual a niveles prepandemia (22%), y pagar los subsidios principalmente por pasajero transportado, y no por bus-kilómetro recorrido. El segundo es más profundo: focalizar y definir con precisión a quiénes va dirigido el subsidio. Trabajadores de bajos ingresos, personas en situación de pobreza y adultos mayores con pensiones insuficientes deben ser el foco. Si todos los estudiantes lo requieren, independiente de su situación socioeconómica, es una pregunta que merece una respuesta con cifras, no con supuestos.
El subsidio al transporte público es ineludible. Es una inversión legítima en movilidad y cohesión social. Pero financiar un sistema que creció 65 veces en 16 años sin revisar su distribución ni sus incentivos es una riesgosa e irresponsable omisión de muy alto costo. Más justo y más eficiente no son objetivos contradictorios. Son, simplemente, los que debería tener cualquier política pública.
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