Formación más allá de solo competencias técnicas
En las últimas semanas se ha conocido lo que distintos rectores y autoridades académicas venían advirtiendo en privado: un número creciente de estudiantes falsea sus antecedentes socioeconómicos para acceder a la gratuidad universitaria. Foros con instructivos paso a paso, asesorías pagadas para llenar el FUAS con datos adulterados, séptimos deciles que prácticamente desaparecen de las estadísticas. La discusión pública, comprensiblemente, se ha enfocado en torno al diseño de la política, la baja fiscalización y lo onerosa que está su implementación. Son preguntas legítimas. Pero hay otra, más incómoda, que como educadores no podemos esquivar: ¿Qué tipo de profesionales estamos formando si miles de jóvenes consideran razonable comenzar su vida adulta firmando una declaración falsa ante el Estado?
La pregunta no surge en el vacío. La literatura sobre deshonestidad académica en educación superior lleva décadas documentando una tendencia preocupante. Investigaciones realizadas en Chile encontraron que cerca de un tercio de los estudiantes admite haber cometido al menos un acto de deshonestidad académica durante su formación. Aquellos estudiantes que han decidido realizar un fraude a la gratuidad no son una excepción sino una confirmación de una labor pendiente que se arrastra desde la enseñanza media.
Creo firmemente que la educación técnico-profesional es el motor del progreso del país. Pero esa convicción exige una contraparte que a veces dejamos en segundo plano: formar para el trabajo no es lo mismo que formar trabajadores íntegros. Podemos entregar a un estudiante las mejores competencias digitales, el dominio más actualizado de su oficio, la capacidad de adaptarse a tecnologías que aún no existen, y aun así estar formando a alguien que tiene brechas morales importantes. Un técnico altamente capaz que no discierne el daño de un fraude no es un éxito formativo a medias: es un riesgo, primero para sí mismo y después para todos los que dependen de su trabajo.
Las sociedades modernas funcionan sobre un sustrato de confianza que casi nunca vemos hasta que falta. Confiamos en que el cirujano operará con el título que dice tener, en que el contador no falseará los estados financieros, en que el técnico eléctrico cumplirá la norma aunque nadie lo esté mirando. Cada vez que alguien decide que mentirle al sistema es un "atajo legítimo" -porque "todos lo hacen"-, porque no te van pillar o porque no hay víctima visible. Lo que se rompe no es una política pública sino esa confianza colectiva que es la base de toda sociedad funcional.
Y aquí está la parte que nos compete directamente. Es tentador leer estas noticias y concluir que el problema es de las familias, del colegio, del Estado fiscalizador, de la cultura. Algo de eso hay. Pero las instituciones de educación superior no somos receptores pasivos de jóvenes ya formados éticamente. Tenemos, en el mundo técnico, de dos a cuatro años con ellos en una etapa decisiva de su vida adulta.
La formación para el trabajo en la educación técnico-profesional necesita incorporar la formación integral de la persona. Eso supone, primero, integrar la deliberación ética dentro de las asignaturas de especialidad.
La educación técnico-profesional formó cerca de la mitad de los profesionales y técnicos que hoy hacen funcionar Chile. Si aspiramos de verdad a ser un articulador del desarrollo del país, nuestros estudiantes tienen que ser, indivisiblemente, un trabajador competente y un ciudadano íntegro. Lo segundo es la fundación desde donde este estudiante logrará desarrollar su trayectoria profesional.