Inconstitucionalidad del gobierno sobre el litio

Me opongo a la idea del gobierno de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos Especiales de Operación” – como se ha hecho con el petróleo a través de los CEOP – ya que ello vulnera la Constitución, la legislación minera e intenta eludir el debate parlamentario para entregar, por vía directa, la explotación del litio integralmente a privados.

El litio es mineral del futuro, algunos lo llaman el “petróleo blanco”, Chile posee las mayores reservas mundiales y con bajos costos de explotación ya que se encuentra a más baja profundidad, en los salares, es además un recurso estratégico porque está ligado a la energía y la producción de tritio es uno de los componentes de la fusión nuclear y, por ende, se debe confirmar constitucionalmente el carácter estratégico y generar una política pública para que el Estado entre en su explotación mas allá del arriendo de concesiones que la CORFO tiene con SQM y SCL, que han constituido una especie de monopolio en la explotación y comercialización del recurso minero.

Comparto la necesidad de ampliar y abrir nuevos caminos en la explotación del litio ya que ello puede entregar enormes recursos al país, pero digo que echo de menos una preocupación del gobierno para que haya una política pública hacia el litio.

Toda vez que este mineral se ha convertido en un insumo insustituible en industrias como la energía, la informática, la telefonía celular, naves espaciales, y especialmente en el desarrollo automotriz híbrido y eléctrico.

Por ello y por el combate que en el mundo se da contra el dióxido de carbono y el exceso de utilización de los combustibles fósiles, la demanda mundial de litio aumenta entre un 7 y un 8% anual y su precio internacional ha pasado de 1700 dólares la tonelada a 6 mil dólares en pocos años y seguirá incrementándose acorde con la mayor demanda en el mercado internacional.

Por tanto, si el gobierno quiere ampliar la explotación del litio, debe , en primer lugar, pensar en el rol que el Estado va a jugar en este proceso, tratándose además de un mineral considerado por nuestra legislación como estratégico, y, a partir de ello, elaborar con todos los sectores una propuesta para modificar la ley de Concesiones Mineras – recuerdo que dicha modificación requiere de quórum calificado - , la ley de la Comisión Chilena Nuclear y otras disposiciones donde se establece la no concesionabilidad de este mineral, pero ello debe hacerse resguardando, en primer lugar, el interés público.

El gobierno, con su idea de licitar yacimientos de litio a través de los Contratos Especiales, se transforma en una agencia de promoción de inversionistas privados del litio en nuestro país ,ya que el mercado mundial determina un aumento creciente de la demanda y si ella es ya de 90 mil toneladas anuales de carbonato de litio solo en los próximos cinco años ésta se duplicará, lo cual crea un mercado en expansión muy notable para un país que tiene las mayores reservas de litio en el mundo, especialmente en sus salares en el norte de Chile.

Quiero recordar que el actual marco jurídico del litio está dado por la ley de minería (año 79), por la ley de concesiones mineras (año 83) y la ley orgánica y reglamentos de la ley de la Comisión Chilena Nuclear.

Toda nuestra legislación mantiene las reservas de explotación de litio a favor del Estado y el litio no es susceptible de concesión minera salvo aquellas constituidas con antelación a la publicación de la ley.

En virtud de ello CORFO tiene la concesión de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, donde existen las mayores reservas de litio del mundo, pero CORFO arrienda por un tiempo determinado y montos de explotación preestablecidos, y a sólo 40 metros de profundidad, a SCL y SQM – cuya producción es hoy el 43% de la producción de litio a nivel mundial - pero, a la vez, el contrato formulado es tan leonino para el Estado que impide que CORFO arriende a otras empresas o explote directamente el resto de las pertenencias no arrendadas en el Salar de Atacama.

Es cierto, que tenemos una pésima legislación sobre la explotación del litio, que inmoviliza y en la práctica permite la existencia de un monopolio contractual en el Salar de Atacama.

Mi llamado al gobierno es a evitar un subterfugio de las licitaciones directas, que por lo demás crearán una gran incertidumbre en los futuros inversionistas, y por el contrario a consensuar una modificación a la normativa actual, pero en un sentido inverso a como lo ha anunciado ya que lo primero debe ser que el Estado explote el Salar de Atacama – donde hay reservas estimadas por la empresa SQM de 6,9 millones de toneladas hasta 200 metros de profundidad que el mineral sea conformado como estratégico – que confirme el valor estratégico del mineral, por razones distintas a las que tuvo la dictadura militar que estaban ligadas a la guerra fría.

El país en su conjunto debe beneficiarse de su explotación cuyas utilidades ya son altas y estamos solo al inicio de la explotación de un mineral con un enorme impacto en el mercado y que puede dar una grandiosa fuente de ingresos a la economía y al estado chileno.

CODELCO debiera ya comenzar a explotar el litio en el salar de Pedernales donde tiene las concesiones y se debe abrir la inversión pública y asociada en Maricunga, Punta Negra, Incahuasi, Aguas Calientes y generar una política de cooperación ahora con Argentina y cuando las condiciones lo permitan con Bolivia países con los cuales constituimos el triángulo del litio a nivel mundial.

De hecho Bolivia ya ha emprendido la industrialización del litio a través de la Corporación Estatal Minera adelantándose a lo que debiera hacer Chile con este mineral.

Pero debiéramos dar otro paso más, que es crear una industria de productos de alta tecnología basada en litio y no sólo conformarnos con la exportación del mineral.

Las reservas en Chile podrían satisfacer la demanda de litio por 120 años y , por ambas consideraciones, el litio es estratégico y aparece muy mezquina, inconstitucional y destinada solo a favorecer la inversión privada, el camino que está eligiendo el gobierno y al cual la oposición y la ciudadanía debe hacer frente con extrema decisión.