Violencia en educación: un desafío complejo y colectivo

Alejandra Arratia Martínez

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La violencia es un tema latente en los últimos años, que golpea distintos ámbitos de nuestra vida en sociedad y se impone como una preocupación central en la conversación pública. Lamentablemente, no se trata de casos aislados ni de una crisis circunscrita a los establecimientos educativos: es reflejo de lo que vivimos como sociedad.

Abordar seriamente este desafío, desde una mirada educativa, requiere comprender su complejidad y asumirla con compromiso, considerando al menos tres perspectivas.

La primera, es la articulación intersectorial para una respuesta sistémica. Con este propósito desarrollamos, en 2023, una mesa de trabajo con participación de diversas instituciones gubernamentales, el sector privado, municipios y otros actores. A partir de este espacio, y con el apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de la Niñez y Senda, impulsamos en 2024 el programa Comunidades Educativas Protegidas, una iniciativa que prioriza 51 comunas -al menos una por región- para prevenir y abordar hechos de violencia al interior o en el entorno inmediato de los establecimientos educacionales.

Asimismo, presentamos el proyecto de ley de Convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que continúa su tramitación en el Congreso. Este no solo responde a una demanda sentida de profesores y asistentes de la educación frente a los casos de violencia, sino que constituye una oportunidad valiosa para que, como Estado, nos hagamos cargo de los desafíos y complejidades que enfrentan las comunidades educativas en esta área.

La segunda, es aprender de los esfuerzos pasados. Es importante recordar, por ejemplo, el debate público respecto a "Aula Segura". En 2018, frente a un contexto de alta conflictividad en los establecimientos educacionales, se impulsó esta ley basada en la lógica de la sanción como principal herramienta de respuesta. Las cifras muestran que las expulsiones y cancelaciones de matrícula han aumentado desde entonces: de 785 casos en 2018 a 1.173 en 2023, y a 2.396 en lo que va de 2024. Como país debemos reconocer que, frente a desafíos complejos como este, no podemos atacar solo el síntoma. Creer que una medida aislada -como en 2018 fue la expulsión, y hoy podría ser instalar detectores de metales- resolverá el problema es una forma peligrosa de negar su complejidad. Como Ministerio estamos por cierto disponibles a abordar esta discusión y analizar escenarios para una alternativa como la mencionada, pero creemos que discutir este tipo de medidas requiere, como mínimo, una mirada sistémica y comprensiva del desafío, coherencia política y responsabilidad legal.

Por último, el rol de la educación en la construcción de lo común, Lo que enseñamos con nuestras palabras, acciones, y también omisiones, entrega mensajes formativos para las y los estudiantes. Construir comunidades de cuidado y respeto es un rol central de la escuela, pero no puede recaer solo en ella: es una tarea que requiere alianzas familia-escuela, y que nos interpela a todos como sociedad en su conjunto. En este marco, resulta clave también entender que los avances que como sociedad hemos tenido en la comprensión de estudiantes como sujetos de derecho, no implican renunciar al necesario ejercicio de la autoridad pedagógica, sino que requieren fortalecerla desde la comprensión de su legitimidad y relevancia para el proceso formativo.

Tenemos que seguir enfrentando este tema con decisión y unidad. El bienestar, seguridad y resguardo de todos los actores de las comunidades educativas es un tema en el que necesitamos unirnos y alinearnos transversalmente como sociedad. Abordar la violencia como una prioridad país significa asumir que estamos ante un desafío complejo y colectivo, que nos exige actuar con responsabilidad, sin ambigüedades.