Al cierre del mandato de Gabriel Boric en marzo de 2026, los indicadores económicos muestran un desempeño mixto, con avances en estabilidad macroeconómica y rezagos en materia fiscal. Entre los resultados más relevantes figura la reducción de la inflación, que descendió desde niveles superiores al 14% en 2022 hasta un rango cercano a la meta del Banco Central, en torno al 2,4%-3%. En la práctica, esto ayudó a reducir la inestabilidad de los precios y a recuperar un entorno más predecible para hogares y empresas.
En paralelo, la actividad económica mostró una expansión moderada: el Producto Interior Bruto (PIB) promedió un crecimiento anual de 1,9% entre 2022 y 2026, y en los primeros tres meses de 2025 registró un alza de 2,5%. En el ámbito laboral, se consigna la creación de más de 700.000 empleos; sin embargo, este resultado convive con una tasa de desempleo promedio de 8,6% y con observaciones sobre la calidad de los puestos generados.
El principal foco de deterioro del periodo se ubica en las cuentas fiscales, es decir, en la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta. El balance efectivo pasó de un superávit de 1,1% en 2022 a un déficit de 2,8% en 2025, mientras que el déficit estructural alcanzó 3,6%. Así, la deuda pública aumentó de 37,9% a 41,7% del PIB. En términos simples, un superávit significa que el Estado ingresó más recursos de los que gastó, mientras que un déficit indica lo contrario. La deuda pública, por su parte, corresponde al total de obligaciones financieras del Estado acumuladas en el tiempo. Estos antecedentes sugieren una pérdida de holgura fiscal y plantean un desafío para la etapa siguiente.
No obstante, en perspectiva comparada, el nivel de déficit fiscal de Chile (-2,8%) continúa siendo claramente inferior al de varias economías de la Unión Europea: Francia (-5,1%), España (-2,39%, inferior en décimas a la chilena) y Portugal (-3,9%). En deuda pública las diferencias son mucho mayores: la chilena de 41,7% del PIB, Francia, 115,6% y España, 100,7% superando ambos países la barrera histórica de su propio PIB nominal, mientras la de Portugal es 89,7% del PIB. Esa comparación es relevante porque permite dimensionar mejor el problema: aunque la deuda chilena aumentó y exige correcciones, sigue ubicada muy por debajo de la observada en esos países. Dicho de otro modo, el deterioro fiscal existe, pero no sitúa a Chile en una posición equiparable a la de economías europeas con niveles de endeudamiento mucho más altos. La comparación no elimina la necesidad de orden fiscal, pero sí ayuda a ubicar el caso chileno en un marco menos excepcional y más comprensible para evaluar su magnitud relativa.
En el frente externo, destaca el aumento de las exportaciones, que pasaron de US$94.705 millones al término del segundo gobierno de Sebastián Piñera a US$107.004 millones en 2025, favorecidas por el precio del cobre y por la incorporación del litio como fuente adicional de ingresos, una cifra que supera a la de Portugal que ronda los US$90.000 millones. Al mismo tiempo, la estructura exportadora sigue concentrada en materias primas, lo que limita una mayor diversificación productiva.
A ello se suma una evaluación favorable de los mercados financieros globales: el Riesgo País de Chile -Emerging Markets Bonds Index, EMBI, en sus siglas en inglés, mide el rendimiento de los bonos emitidos por países emergentes-, se ubicó en torno a 95 puntos; bajo los 100 es un indicador consistente con una percepción relativamente acotada de riesgo soberano. En Seguros de Impago -Credit Default Swaps, CDS en su sigla en inglés-alcanzaron los 50,5 puntos, una cifra que denota mucha confianza de los mercados.
En conjunto, el balance es el de una economía con inflación contenida, crecimiento acotado, un sector externo dinámico y un deterioro fiscal que constituye el principal punto de atención. Más que confirmar una tesis de crisis generalizada, los datos apuntan a un escenario mixto, con fortalezas macroeconómicas y restricciones fiscales que requieren una evaluación cuidadosa. En ese sentido, una lectura equilibrada del periodo sugiere que el balance económico del mandato Boric muestra estabilidad macroeconómica con debilidades fiscales, pero no respalda una narrativa de colapso económico.