La "caída" de la Ley Longueira: victoria aparente, estructura intacta
Tras más de una década de movilizaciones de pescadores artesanales, organizaciones costeras y comunidades del borde litoral, la infame "Ley de Pesca" -conocida popularmente como "Ley Longueira"- se tambalea. La Cámara de Diputados aprobó, el 17 de junio de 2025, el proyecto de ley que permitiría terminar con el sistema de entrega perpetua de cuotas a las grandes familias pesqueras, abriendo la posibilidad de un fraccionamiento que favorezca al sector artesanal.
Medios progresistas celebran esta votación como un triunfo de la democracia, del Estado de derecho y de la presión ciudadana organizada. Sin embargo, esta celebración debe ser tomada con suma precaución y mirada crítica: no basta con derogar una ley corrupta si no se modifica la base material que sostiene el modelo extractivo capitalista del mar. Porque el problema no es solo la Ley Longueira. El problema es la propiedad privada sobre los recursos marinos, el régimen de concesiones, la lógica de mercado y, en última instancia, la apropiación capitalista del océano y sus riquezas.
La Ley de Pesca fue promulgada en 2012 bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, impulsada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. Su contenido fue claro: se entregaron cuotas de pesca en propiedad a siete grandes familias pesqueras (los llamados "grupos económicos del mar") de forma gratuita y a perpetuidad.
Esto significó, en la práctica: la privatización encubierta de los recursos pesqueros; la conversión de la pesca en un bien transable en el mercado financiero; la exclusión sistemática de los pescadores artesanales y comunidades costeras; y la legalización de un monopolio capitalista sobre el mar, disfrazado de política pública.
Como es habitual en el capitalismo chileno, esta operación se realizó con corrupción institucionalizada: parlamentarios comprados, sobornos desde empresas como Corpesca (grupo Angelini), y una elite política funcionando como intermediaria del capital.
El nuevo proyecto aprobado en la Cámara elimina la asignación perpetua, y propone fraccionar las cuotas de pesca entre el sector industrial y el artesanal. A simple vista, esto suena como una redistribución justa. Pero veamos con más detalle: no se expropia a las grandes pesqueras. Se les recorta parte de su control, pero siguen operando con el resto de las cuotas; no se cambia el régimen concesional; el mar sigue siendo tratado como un recurso concesible, no como un bien común; y no se cuestiona la propiedad privada sobre las cuotas. Se mantienen como activos económicos, no se recuperan para el pueblo ni el Estado.
En resumen: la burguesía pesquera pierde una uña, pero se queda con el brazo entero. El modelo neoliberal sigue intacto. Lo que se negocia es el porcentaje de botín entre capitalistas y pequeños productores, sin tocar el hecho fundamental de que la pesca, como recurso natural, debe ser colectiva y no mercantilizada.
Desde el 2012 en adelante, miles de pescadores artesanales se movilizaron, realizaron bloqueos de puertos, paralizaron caletas y tomaron oficinas de Sernapesca. Denunciaron no solo la ley, sino el robo estructural del mar. Su lucha ha sido criminalizada, invisibilizada y muchas veces cooptada por el parlamentarismo.
Hoy, frente a esta supuesta "victoria", hay que tener claridad política: la lucha no era por fracciones, sino por la recuperación completa del mar para las comunidades costeras y los pueblos originarios. No se trata de administrar mejor un modelo injusto, sino de transformarlo radicalmente.
Debemos recordar que los recursos naturales no son "recursos" sino medios de producción. El mar, con sus peces, moluscos y algas, no es solo naturaleza: es fuente de valor, territorio del trabajo humano, y espacio de disputa al interior de la lucha de clases. La Ley Longueira fue un ejemplo clásico de lo que Marx llamó "acumulación originaria": el despojo de bienes comunes para convertirlos en capital privado. Su derogación parcial no revierte el proceso: solo redistribuye sus efectos. El capital sigue allí, extrayendo riqueza, contaminando ecosistemas, tercerizando embarcaciones y precarizando a trabajadores del mar.
Como dijo Rosa Luxemburgo, el capitalismo se expande mediante el despojo constante de los territorios no capitalistas. En Chile, eso significa océanos, glaciares, humedales, montañas, pueblos originarios. Todo puede ser convertido en capital... mientras no lo impidamos.
La caída parcial de la Ley Longueira es una señal de que la presión popular organizada puede torcer la mano del capital político. Pero también nos recuerda que el Estado burgués administra las concesiones del capital, no los derechos del pueblo.
Para que exista verdadera justicia marítima, no basta con fraccionar cuotas. Es necesario expropiar a las siete familias del mar. Es necesario recuperar el mar como bien común, bajo control popular, con gestión comunitaria y soberanía territorial.
El objetivo no es reformar el régimen de cuotas, sino derrocar el régimen capitalista del mar.
¡Que caiga la Ley Longueira... pero que no se salve el modelo!
Mar para los pueblos, no para las familias del capital.
Soberanía pesquera, no concesiones eternas.
Organización costera, poder popular y control territorial.
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