Chile, en los últimos 14 años, ha venido acumulando una gran escasez hídrica. Las variables climáticas, la falta de fuentes de disponibilidad y la poca inversión para ellas, sumado a la migración de la ciudad hacia el campo de cada vez más personas, hace que el problema en vez de disminuir, se acreciente cada vez más, considerando además que nuestro país se ubica en el número 18 dentro de 164 países con mayor estrés hídrico.
En la zona del centro-sur, específicamente en la Región del Maule, la crisis hídrica hace más de 20 años que hace estragos, sobre todo en la agricultura. Preocupante, si observamos que la demanda por el agua en Chile en 70% se destina al cultivo agrícola, es decir a la producción de alimentos para las personas.
¿Qué hacer ante esta realidad adversa y futuro que parece poco auspicioso? Las medidas a mediano y largo plazo, están claras; nuevas fuentes de disponibilidad que promuevan las inversiones para ello. En tal sentido, en el Maule hubo una buena noticia, respecto del inicio del estudio de factibilidad del embalse en el Río Longaví. Por su parte, en el Senado, debiera aprobarse un proyecto de ley -ya tramitado en la Cámara- que aumenta la capacidad de tranques que no necesitan autorización previa de la DGA para su construcción (de 50.000 m3 a 150.000m3). Asimismo, es importante avanzar en tecnologías de eficiencia en uso del recurso (área en que los expertos aseguran que hay espacio), pero que exige una gran labor de parte de las organizaciones agrícolas de modo que se incorporen nuevas tecnologías, tanto en la pequeña como mediana agricultura.
Expuesto lo anterior, el Gobierno tiene mucho que decir: debe apurar el tranco y ordenar a sus parlamentarios, respecto del proyecto de permisología actualmente en el Senado, ya que éste permitirá menos burocracia y la obtención de permisos para las inversiones.
También, no atornillar al revés de la realidad agrícola, en especial con los reavalúo de predios, en que la razón dada para el alza de estos, fue el cambio de la calidad tres a dos de riego, subiendo las contribuciones de bienes raíces de manera considerable. Por ello, la Contraloría General de la República, requirió al Gobierno para que señale con toda precisión las razones para el alza y, además, que el ente Contralor determine la legalidad de este aumento.
Al fin de cuentas, la agricultura, no es sólo una actividad económica; ya que provee de alimentos a las personas y en consecuencia, no sólo merece respeto, sino toda la atención y el cuidado necesario para que sea cada vez más fuerte, sostenible y duradera.
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