Fusionar Transportes y MOP, riesgo para la movilidad y la seguridad vial
La posibilidad de fusionar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el Ministerio de Obras Públicas vuelve a instalar una discusión que Chile ya conoció y cuyos resultados no fueron particularmente positivos. No se trata de una mera reorganización administrativa, sino que es la forma en que el país entiende la movilidad, el desarrollo urbano, el territorio y especialmente, la seguridad vial.
No es una discusión nueva. Chile ya vivió periodos donde Transportes quedó subordinado a Obras Públicas, particularmente durante los años 2000 y 2006. Precisamente, la posterior consolidación de un ministerio propio respondió a una necesidad evidente: comprender que mover personas, conectar territorios y garantizar desplazamientos seguros exige una mirada distinta a la lógica tradicional de la obra pública.
El MOP cumple un rol esencial para el desarrollo del país, pero su foco natural está en infraestructura, concesiones y ejecución de proyectos. En cambio, los desafíos actuales del transporte son mucho más complejos: transporte público, electromovilidad, logística, regulación tecnológica, conectividad territorial, accesibilidad, convivencia vial y sostenibilidad urbana.
Cuando la política pública se concentra excesivamente en la infraestructura, las personas tienden a desaparecer del centro de las decisiones y justamente ese es el principal riesgo de una eventual fusión, que transporte quede nuevamente subordinado a una mirada predominantemente "ingenieril y centrada en la obra física".
Chile enfrenta hoy ciudades congestionadas, segregadas y altamente dependientes del automóvil. La evidencia internacional demuestra que ampliar capacidad vial no necesariamente resuelve estos problemas; muchas veces los profundiza mediante el fenómeno de demanda inducida. Por eso, las políticas modernas de movilidad avanzan hacia modelos integrados, priorizando transporte público, caminabilidad, modos sustentables y no solo más autopistas.
Pero el riesgo más complejo está en la seguridad vial. Chile registra cada año más de 75 mil siniestros viales, cerca de 2 mil fallecidos y decenas de miles de lesionados. Frente a esta realidad, la seguridad vial requiere liderazgo político, capacidad técnica y prioridad institucional. El enfoque moderno de "sistema seguro" reconoce que los errores humanos siempre existirán, y que el deber del Estado es diseñar entornos, velocidades y sistemas de fiscalización que impidan que esos errores terminen en muerte.
Diluir el transporte dentro de Obras Públicas podría debilitar precisamente esa mirada sistémica. La seguridad vial compite muchas veces con agendas de alta visibilidad política asociadas a grandes obras e infraestructura. Sin una institucionalidad robusta y especializada, existe el riesgo de retroceder hacia una visión donde la movilidad se mida en kilómetros construidos y no en vidas protegidas.
Chile necesita avanzar hacia ciudades más humanas, más seguras y mejor conectadas. Retroceder en institucionalidad no parece el camino correcto.