¿Qué investigación estamos privilegiando?
Las nuevas bases del Concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027 introducen una modificación que trasciende ampliamente los ajustes administrativos habituales. Aunque mantienen la declaración de que Fondecyt promueve la investigación en todas las áreas del conocimiento y selecciona los proyectos atendiendo a su calidad intrínseca y al mérito de quienes postulan, incorporan diez áreas prioritarias definidas por el Ministerio de Ciencia y permiten que hasta 70% de las adjudicaciones se destine a proyectos inscritos en ellas.
La pertinencia respecto de esas áreas será revisada por los grupos de evaluación y considerada posteriormente por ANID al resolver la adjudicación. En la convocatoria 2026, en cambio, los proyectos se ordenaban de acuerdo con la nota obtenida dentro de cada grupo de evaluación, sin que existiera esta reserva preferente. No estamos, por tanto, ante una modulación menor, sino ante un cambio sustantivo en la lógica del instrumento.
La pregunta inevitable es qué investigación estamos privilegiando y, sobre todo, quién decide qué conocimientos son necesarios para el país. Las prioridades se concentran en biomedicina, tecnologías de frontera, astronomía, desarrollo espacial, energía, minería, agroindustria y acuicultura. Las Ciencias Sociales aparecen fundamentalmente asociadas al capital humano, la productividad, el mercado laboral, la seguridad, la justicia y la evaluación de políticas públicas. Las Humanidades y las Artes, en cambio, no tienen presencia explícita como campos capaces de producir conocimientos fundamentales sobre la democracia, la memoria, los derechos humanos, las transformaciones culturales, los lenguajes, las identidades, los conflictos sociales o las formas históricas mediante las cuales una sociedad comprende su experiencia.
No se trata de negar la importancia de la inteligencia artificial, el cambio climático, la salud pública, la minería sostenible o la seguridad. Todos ellos son desafíos relevantes. El problema surge cuando un fondo concebido para sostener investigación de base y formar a la siguiente generación de investigadores comienza a quedar subordinado a una agenda establecida desde el Ejecutivo y expuesta, por su propia naturaleza, a las prioridades del gobierno de turno. La política científica necesita orientación estratégica, pero esa orientación debe construirse como política de Estado, con estabilidad temporal, deliberación amplia y participación efectiva de las comunidades académicas. La investigación posee temporalidades que exceden ampliamente los ciclos electorales y no puede reorganizarse cada cuatro años conforme a las urgencias programáticas de una administración.
A esta focalización se suma la incorporación, dentro de la evaluación de las trayectorias, de prototipos, productos o servicios vinculados con innovación y transferencia tecnológica. Tales resultados son pertinentes para determinados campos, pero no constituyen una medida universal del valor científico. Aplicarlos transversalmente puede favorecer una concepción instrumental del conocimiento y producir nuevas asimetrías entre disciplinas cuyos objetos, métodos, lenguajes y formas de circulación son diferentes. Las bases continúan, además, declarando inadmisibles los proyectos de creación artística, los ensayos, las traducciones, los audiovisuales y otras formas de producción que pueden constituir resultados intelectuales legítimos cuando responden a diseños rigurosos de investigación.
Como decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, considero indispensable defender ecosistemas de investigación heterogéneos, diversos y dotados de autonomía. Esa defensa exige impedir que el financiamiento público quede capturado tanto por agendas productivas coyunturales como por agendas valóricas de cualquier signo. La pluralidad científica no se resguarda reemplazando una ortodoxia por otra, sino garantizando que convivan investigaciones orientadas por misiones nacionales con otras nacidas de la curiosidad, la crítica, la creación y la formulación de preguntas cuyos efectos todavía no podemos anticipar.
Un Estado puede y debe financiar programas específicos para enfrentar desafíos estratégicos. Lo que no debiera hacer es transformar silenciosamente el principal fondo de investigación abierta en un mecanismo de priorización gubernamental. Cuando un sistema obliga a sus comunidades a adaptar sus preguntas a una lista previa de temas financiables, comienza a erosionar precisamente aquello que lo hace fértil: su diversidad epistemológica, metodológica, territorial e institucional. Un país que solo investiga aquello cuya utilidad ya ha sido definida corre el riesgo de perder la capacidad de descubrir aquello que todavía no sabe que necesita.