Lo que Chile tiene que aprender de PISA 2025
Llevamos años revisando las cifras de PISA, y cuesta escribir el diagnóstico, porque los resultados de 2025 no nos muestran como un país pobre que no puede pagar su educación: nos muestra como un país que paga, y aun así pierde. Esa diferencia debería doler más de lo que duele.
Resulta contradictorio que Chile registre su mínimo histórico en matemática (403 puntos) precisamente cuando destina 5,9% del PIB a la educación, una cifra superior al promedio de los países desarrollados (4,7%), según datos de la propia OCDE. No somos el país tacaño que la conversación pública generalmente describe. Somos, más bien, el país que gasta bien en el papel y mal en la sala de clases: ese esfuerzo se diluye entre 17 estudiantes por profesor/a, casi el doble que el promedio OCDE -de nueve-, y se estrella contra una realidad física incómoda: dos de cada tres salas de clases del país, donde estudian tres millones de escolares, superan los 20 alumnos que la evidencia pedagógica recomienda como límite razonable. En la Región Metropolitana, esa cifra sube a 77%. No es un problema de dinero que no existe. Es dinero que no compra lo único que multiplica el aprendizaje: tiempo y atención de un profesor/a por estudiante.
Y digo esto sabiendo que el propio informe PISA 2025 respalda el diagnóstico: entre todos los factores escolares medidos, el apoyo docente percibido por el estudiante es "el predictor dentro de la escuela más fuerte del desempeño en ciencias y del compromiso estudiantil". Ahí Chile tiene, contra todo pronóstico, una fortaleza real: 88% de los estudiantes siente que sus profesores apoyan su aprendizaje, muy por sobre el 75% de la OCDE. Pero esa fortaleza relacional se estrella, literalmente, contra el mobiliario: ningún profesor, por comprometido que esté, puede sostener un vínculo pedagógico individual con cuarenta adolescentes en la misma hora de clases.
Hay una segunda lección que, como investigadora, me interesa más que cualquier ranking: no es el tipo de gobierno el que distingue a los sistemas educativos exitosos, es su capacidad de sostener una misma política durante 20 años sin que cada nueva administración la relance como si empezara de cero. China construyó su liderazgo actual sobre una secuencia de reformas iniciada en 2001 y nunca interrumpida. Estonia, y dentro de nuestra región Uruguay, lograron algo equivalente por la vía democrática, con acuerdos técnicos que sobreviven a los cambios de gobierno.
Chile, en cambio, acumula en dos décadas reformas necesarias y muy valiosas, pero anunciadas casi siempre como el comienzo de algo nuevo y no como la continuación de lo anterior. No necesitamos más giros ideológicos o medidas de fuerza en educación: necesitamos que dejen de reinventar la rueda cada cuatro años para poder implementar políticas que trasciendan a la administración de turno.
El ejemplo más indignante, porque no cuesta un peso adicional corregirlo, es el impuesto al libro. Chile grava los libros con el 19% de IVA, una medida que data de 1976, en plena dictadura. Es una anomalía regional: Argentina, México, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay eximen los libros de este impuesto. El resultado, para quienes trabajamos con datos, no es ninguna sorpresa: los chilenos leen en promedio 5,5 libros al año por gusto, muy por debajo de los 8 libros anuales de argentinos, mexicanos y uruguayos. Y 69% de los chilenos apoya eliminar este impuesto, y hay proyectos de ley durmiendo en el Congreso desde hace años, sin que ningún gobierno, de ningún signo político, lo haya priorizado. Si el hábito lector de los adultos en un hogar ayuda a modelar el de un adolescente de 15 años, entonces llevamos cinco décadas cobrándole un impuesto a la principal herramienta para revertir la caída en comprensión lectora que hoy volvemos a lamentar.
A esto se suma una variable que rara vez entra a la discusión educativa formal: solo el 59% de los estudiantes chilenos desayuna con regularidad, y la evidencia muestra que quienes mantienen hábitos alimentarios regulares rinden mejor en matemática, lenguaje y pruebas estandarizadas. Junaeb llega a gran parte de la matrícula vulnerable, pero la irregularidad presupuestaria para la alimentación en general, no solo la desnutrición extrema, sigue pesando sobre un cerebro adolescente que necesita energía sostenida para concentrarse, no solo un currículum bien diseñado.
El propio informe PISA agrega, una pista sobre tecnología que como investigadora encuentro crucial: la OCDE halló que "el uso limitado o moderado de dispositivos digitales para aprender en la escuela se asocia frecuentemente con mejores resultados", mientras el uso recreativo revierte ese efecto por completo. Prohibir el celular por decreto es una medida cómoda, pero insuficiente si no viene acompañada de formación docente real para integrar la tecnología con criterio urgente, considerando que son los estudiantes de mayor nivel socioeconómico, y mayor uso de inteligencia artificial, quienes muestran las caídas más marcadas en comprensión lectora.
El mensaje más útil de todo el informe, para quienes trabajamos pensando en política educativa chilena, no viene de las potencias asiáticas sino de la propia región: Costa Rica, una economía mucho más parecida a la nuestra que Singapur, mejoró 13 puntos en este ciclo sin ser un país rico. No necesitamos copiar un modelo lejano ni pedir un peso adicional al presupuesto. Necesitamos bajar la cantidad de estudiantes por sala, sacar el IVA a los libros, terminar de implementar la ley 21.040, fortalecer el desarrollo de la carrera docente más allá del gobierno que la firmó.
Como investigadora, la conclusión que más me cuesta aceptar y la que más urgente encuentro decir en voz alta: Chile no tiene una crisis de recursos. Tiene una crisis de continuidad. Y esa, a diferencia del dinero, no se resuelve en la próxima ley de presupuesto: se resuelve el día en que un gobierno decida terminar lo que empezó el anterior.