Los derechos de los niños no se recortan
Las cifras conocidas recientemente en Chile obligan a una reflexión profunda. Según el informe publicado en septiembre de 2026 por la Defensoría de la Niñez y Unicef, de 188 asignaciones presupuestarias destinadas directamente a la infancia, 86 experimentaron disminuciones durante el primer semestre del año. Es decir, 45,7% de las asignaciones analizadas sufrió reducciones y 54 registraron rebajas superiores al 3%. Por lo tanto, la niñez está perdiendo.
Detrás de cada programa de protección, de cada iniciativa de apoyo educativo y de cada política de acompañamiento a la infancia existe una necesidad concreta. Hay niños que requieren alimentación, estudiantes que necesitan apoyo para permanecer en la escuela, familias que dependen de redes de protección y comunidades educativas que diariamente intentan compensar desigualdades que no comenzaron dentro de sus aulas, pero son en éstas que se batalla diariamente para revertir lo que a veces, se ve difuso y nebuloso, un amanecer prometedor, como decía Gabriela Mistral: "El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde".
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, establece que el interés superior del niño debe constituir una consideración primordial en las decisiones que les afectan. Asimismo, su artículo N° 4 compromete a los Estados a adoptar medidas para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los recursos de que dispongan. La infancia no puede esperar a que las cuentas públicas se equilibren. Garantizar sus derechos no es un gasto que pueda postergarse, sino una obligación que todo Estado debe cumplir
Quienes trabajamos en educación sabemos que las desigualdades no desaparecen por decreto. Se manifiestan en la inasistencia, en las dificultades de aprendizaje, en la falta de oportunidades, en la fragilidad emocional y en las trayectorias educativas interrumpidas. Por eso, reducir la inversión preventiva puede significar aumentar mañana los costos humanos y sociales, ya que se desploma sin paracaídas los sueños de futuro.
Es legítimo que cualquier gobierno busque eficiencia, revise programas y administre responsablemente los recursos públicos. Lo que no resulta aceptable es que esa responsabilidad se transforme en una justificación para debilitar la protección de la infancia. Un programa puede necesitar mejoras, evaluaciones o incluso una reformulación profunda. Pero la respuesta debe asegurar la continuidad efectiva de los derechos que busca garantizar.
La discusión presupuestaria de 2027 representa, por tanto, mucho más que un debate económico. Los derechos de los niños no pertenecen a un gobierno ni a un sector político. Son compromisos permanentes del Estado, que deben trascender administraciones, diferencias ideológicas y ciclos económicos. Y esa es una deuda que ningún ahorro presupuestario podrá justificar.