Estatuto Administrativo: la reforma pendiente que la salud pública necesita hoy
Chile tiene evidencia y consenso técnico suficiente: la gestión hospitalaria pública puede mejorar sustancialmente, pero buena parte de ese avance está bloqueado por el Estatuto Administrativo, regido por la ley 18.834, vigente desde 1989.
Nacido en un contexto institucional distinto del actual, este cuerpo legal fue pensado para una administración pública general, no para la complejidad clínica y operativa de un hospital que opera 24/7, los 365 días del año. Modificarlo no es un capricho técnico: es la llave que puede destrabar el desempeño de la red asistencial.
Cinco cambios son indispensables. Primero, estabilizar a los equipos directivos fortaleciendo la Alta Dirección Pública, de modo que la permanencia en los cargos dependa exclusivamente del desempeño y no de los ciclos políticos: hoy, casi la mitad de los directivos de primer nivel deja su cargo antes de cumplir dos años, lo que impide sostener proyectos de mejora a lo largo del tiempo. Segundo, que todos los cargos -directivos, profesionales, técnicos- se provean mediante concurso público, ligado únicamente a competencias verificables, sin vías laterales de ingreso ajenas al mérito.
Tercero, instalar sistemas de evaluación del desempeño confiables, eficaces y transparentes, que dejen atrás la ficción de calificaciones casi unánimemente máximas. Cuarto, construir una carrera funcionaria orientada a las necesidades de los usuarios y al desempeño, con remuneraciones que reconozcan la productividad y los resultados, no solo la antigüedad. Y quinto, terminar con la multiplicidad de modalidades contractuales -planta, contrata, honorarios, ley médica- que hoy fragmentan a los equipos y debilitan la cohesión que exige la atención de salud.
Gobiernos anteriores reconocieron esta necesidad y presentaron propuestas, sin embargo, ninguno logró construir los consensos políticos y gremiales indispensables para realizarlas. Esa historia de intentos truncos no debe leerse con fatalismo, sino como un aprendizaje: sabemos qué se necesita y qué ha faltado para lograrlo.
Urge una oportunidad real para saldar esa deuda. El sistema hospitalario público no puede seguir esperando una nueva postergación disfrazada de prudencia. Si dejamos pasar este momento, no habrá una crisis súbita, sino un deterioro lento y progresivo, silencioso y acumulativo de la capacidad de nuestros hospitales para cuidar a quienes más lo necesitan. Transformar el Estatuto Administrativo es una tarea impostergable: una deuda con el país que esta generación tiene la responsabilidad histórica de saldar.