Lo saben
Se empieza por la palabra y se termina por el decreto, que es la forma más limpia que tienen los herederos del orden para cometer sus tropelías sin mancharse las manos de tinta ni de sangre. En el Chile de hoy, ese país que a veces parece empeñado en habitar un eterno retorno de sombras y pasillos oscuros, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha decidido desempolvar el artículo 80 de la Constitución, esa joya de la ingeniería democrática tramada entre gallos y medianoche, para pedirle al Presidente José Antonio Kast que presente un requerimiento ante la Corte Suprema, exigiendo la remoción del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia.
Lo llaman "resguardo de la institucionalidad", que es el eufemismo universal que la derecha utiliza cuando las instituciones, por una vez en la vida, no operan como sus empleadas domésticas. La situación es de la máxima gravedad; no por las razones que argumenta el partido, sino por lo que representa como síntoma inequívoco de la degradación democrática y la profunda crisis que corroe los cimientos institucionales de la república. La presión e interferencia del gobierno y de un partido político sobre un juez que investiga uno de los mayores casos de corrupción de los últimos años es una señal profundamente preocupante para cualquier democracia. Se trata, en rigor, de una nueva arremetida de la colectividad contra el magistrado, el capítulo más reciente de una persistente bitácora de hostigamiento.
En febrero de 2024, la bancada de parlamentarios de la UDI, liderada públicamente en esa ofensiva por figuras como el senador Iván Moreira y diputados gremialistas, emplazó formalmente a la Corte Suprema para que suspendiera o expulsara a Urrutia, preocupadísimos porque el juez había autorizado videollamadas y visitas a personas formalizadas por delitos graves en cárceles de alta seguridad. Tiempo después, en diciembre de 2025, volvieron a la carga exigiendo al máximo tribunal reabrir un cuaderno de remoción en su contra. Los motivos formales que la bancada gremialista esgrime en la carta enviada al Mandatario apuntan a una supuesta falta de "buen comportamiento", acusando al magistrado por realizar viajes internacionales a Costa Rica y Ecuador en los años 2020 y 2022 mientras se encontraba bajo licencia médica psiquiátrica ¡Qué oportuno resulta que descubran este severo agravio a la salud pública justo después de que el juez dictara la prisión preventiva en contra del exdiputado de sus raíces, Joaquín Lavín León! Hay una impudicia de mármol en esta ofensiva continua. Dentro de esta arremetida, los parlamentarios que han liderado públicamente la vocería y las acciones específicas contra el magistrado operan con roles coreografiados a la perfección. El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, ha sido el abnegado encargado de coordinar el envío de la misiva a La Moneda, arrastrando consigo el historial de haber liderado los requerimientos previos ante el Poder Judicial por este mismo caso.
Junto a él, el diputado Eduardo Cretton se encargó de fundamentar públicamente el requerimiento, advirtiendo ante los micrófonos, con una seriedad que enternece, que la falta de sanciones al juez profundiza la sensación de impunidad institucional; una pirueta retórica audaz mientras el gremialismo guarda un silencio espeso, casi de funeral, frente al candado que le acaban de poner a Lavín León. Cierra la marcha el diputado Daniel Lilayu, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, quien ha suscrito activamente cada una de las presentaciones y solicitudes de destitución destinadas a golpear al juez.
No es el azar, la coherencia ni la justicia lo que dicta las urgencias de estos tres paladines de la moral pública; es una abierta doble moral y el pánico a que se les desarme el naipe político lo que maneja sus calendarios. El juez que decretó la prisión preventiva del exparlamentario por graves cargos de corrupción pública comparte el mismo techo judicial que hoy se pretende amedrentar.
El mensaje es más viejo que el hilo negro: al juez amigo se le abraza en los cócteles del sector oriente; al juez incómodo se le destituye mediante el aplauso de la prensa adicta, instrumentalizando las facultades presidenciales para castigar decisiones judiciales que afectan a figuras de su propio sector y transformando el "caso Urrutia" en una oportuna y providencial pantalla de humo. Que un partido político le pida al jefe de Estado invocar el artículo 80 de la Carta Magna para remover a un magistrado constituye un acto de una irresponsabilidad institucional gigantesca.
La remoción de un juez por parte del Ejecutivo es una facultad de carácter excepcionalísima en el equilibrio de poderes, ideada para emergencias extremas, no para berrinches partidarios. Utilizarla no por una falta de notable abandono de deberes acreditada, sino como una herramienta de presión política directa, debilita las bases del Estado de derecho y transforma las prerrogativas constitucionales en viles armas de trinchera, un "arma nuclear" activada por mera revancha política. Esta acción es un intento flagrante de amedrentamiento hacia el Poder Judicial, un ataque directo a su necesaria independencia. El mensaje implícito que se está enviando a las salas de audiencia es peligrosísimo y nada sutil: si dictas fallos o prisiones preventivas que afecten a militantes de nuestro sector, como Joaquín Lavín León o los formalizados del Caso Audios, usaremos todo el aparato del Estado para sacarte de tu cargo.
Se busca, en definitiva, que los jueces resuelvan mirando las encuestas o las amenazas de los partidos en lugar de la ley; que posean un pulso tiritón y miren de reojo las portadas de los periódicos antes de aplicar el Código Penal en una maniobra que no busca justicia, sino una burda y desesperada presión institucional. La contradicción discursiva de la derecha queda expuesta así con una nitidez dolorosa, desnudando la hipocresía de un evidente doble estándar procesal. Ese mismo sector político ha defendido históricamente, con discursos solemnes sobre la República, el principio de que las instituciones deben funcionar y que no se deben politizar los fallos judiciales cuando los afectados habitan en la vereda de la izquierda.
Sin embargo, cuando la soga aprieta el cuello propio, ante la prisión preventiva de Lavín León decretada por el juez Fernando Guzmán, o las decisiones del juez Daniel Urrutia en otros casos, se olvidan los sagrados principios, activan defensas corporativas inmediatas y buscan descabezar juzgados, evidenciando que su respeto por la autonomía judicial depende exclusivamente de si el imputado tiene o no un apellido compuesto. La solicitud presentada al Presidente es, en el fondo, una maniobra de distracción comunicacional y una pantalla de humo ejecutada de manual.
Al poner el foco de atención pública y mediática sobre la figura polémica del juez Daniel Urrutia, aprovechando el flanco de sus antiguos cuestionamientos por las cárceles de alta seguridad y los viajes con licencia médica a Costa Rica y Ecuador, la UDI logra dos objetivos estratégicos maravillosos: desviar la atención de los graves delitos de corrupción e irregularidades por los que está siendo investigado Joaquín Lavín León, y empaquetar a todo el criterio judicial bajo la etiqueta de "jueces activistas de izquierda", deslegitimando las causas penales en su contra ante la opinión pública.
Olvidan los honorables de la UDI que la democracia no es una cancha con el pasto inclinado para su lado, ni el Poder Judicial un territorio de reconquista o un fundo por recuperar. Tratar de echar a un juez por secretaría política es el camino más corto para mandar el Estado de derecho a las pailas. Al final del día, es la confesión de su propia impotencia: cuando las pruebas queman y los tribunales aplican la ley sin mirar el apellido, a ellos solo les queda romper la balanza y patear la mesa. Lo saben.