Lo que la ENUSC 2025 nos dice sobre el problema de la inseguridad
Guardar el celular en la calle, evitar una plaza cuando oscurece o cambiar la ruta de regreso a casa son decisiones pequeñas que miles de personas han incorporado a su vida cotidiana. No aparecen en las estadísticas policiales ni necesariamente terminan en una denuncia, pero dicen mucho sobre cómo se vive la sensación de inseguridad. Por eso, una de las noticias más importantes de la ENUSC 2025 no está solamente en cuántos delitos disminuyeron, sino en algo más difícil de conseguir. Algunos indicadores muestran que la sensación de inseguridad comenzó a retroceder lentamente.
La señal es relevante y merece ser reconocida, aunque sería un error convertirla apresuradamente en un relato de éxito. Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana muestran que 2025 fue mejor que 2024 en varias dimensiones. La victimización por delitos violentos disminuyó, con una caída de 8,5% a 7,9% en los hogares y de 5,8% a 5,2% entre las personas. También descendieron los robos no violentos, desde 14,3% a 13,1% de los hogares, mientras el conjunto de robos con o sin violencia bajó de 17,7% a 16,4%.
Después de años en que la discusión sobre seguridad ha estado dominada por una sensación persistente de deterioro, que disminuyan algunos indicadores constituye una señal relevante desde la perspectiva de la política pública.
La trayectoria de los delitos violentos, sin embargo, obliga a ser prudentes. En 2023, 8,2% de los hogares había sido víctima de alguno de estos delitos; en 2024 la cifra subió a 8,5% y recién en 2025 descendió a 7,9%. Estamos, por tanto, ante una mejora respecto del año anterior, pero todavía es demasiado pronto para hablar de una tendencia estructural consolidada.
Una encuesta de victimización no permite atribuir directamente la caída de determinados delitos a una política, una ley o un despliegue policial específico. Sería metodológicamente imprudente sostener que una medida determinada produjo estos resultados solo a partir de la ENUSC. Pero los datos sí permiten evaluar hacia dónde se está moviendo el problema y preguntarse si las capacidades del Estado están respondiendo adecuadamente a esa transformación.
El indicador general de hogares victimizados pone un límite a esta mejora. En 2025, el 37,7% de los hogares fue víctima de al menos uno de los delitos considerados por la encuesta, frente al 38,5% de 2024. Como la diferencia no es estadísticamente significativa, en términos generales la proporción de hogares afectados se mantuvo prácticamente igual. Esto muestra que, aunque bajaron la violencia y los robos, no todos los delitos evolucionaron de la misma manera. Por tanto, para diseñar mejores políticas públicas, conviene dejar de hablar de "la delincuencia" como si fuera un único problema.
Mientras algunas formas tradicionales de victimización retroceden, otras avanzan. Los delitos económicos son el ejemplo más evidente. Los hogares afectados por fraude bancario, estafa o ambas modalidades aumentaron de 11% en 2024 a 11,8% en 2025. El fraude bancario, en particular, pasó de 7,6% a 8,6%.
La seguridad, por tanto, ya no puede pensarse exclusivamente desde la patrulla, la comisaría, la iluminación de una plaza o el control de una esquina. Todas esas herramientas siguen siendo necesarias, especialmente frente a delitos violentos y problemas territoriales. Pero una parte creciente del riesgo se desplaza por sistemas financieros, teléfonos, plataformas digitales y mecanismos de engaño que requieren capacidades institucionales diferentes.
Este cambio plantea un desafío importante para el Estado. La arquitectura de seguridad debe adaptarse a una criminalidad más diversificada. La política pública suele reaccionar con mayor rapidez frente a aquello que es visible territorialmente. Más patrullajes, recuperación de espacios públicos, cámaras, controles y presencia policial son respuestas reconocibles y políticamente comunicables. En cambio, enfrentar fraudes exige coordinación entre policías, bancos, fiscales, reguladores, empresas tecnológicas y sistemas especializados de análisis. Exige además prevención financiera, trazabilidad de operaciones y capacidades investigativas que no siempre producen una imagen tan visible como una patrulla en la calle.
El territorio, sigue importando mucho. La Región Metropolitana registró en 2025 el nivel regional más alto de victimización de hogares por delitos violentos, con 10,2%, mientras regiones como Arica y Parinacota, Coquimbo, La Araucanía y Magallanes mostraron reducciones significativas.
Esto permite cuestionar una tendencia recurrente de la política de seguridad, que consiste en aplicar respuestas nacionales homogéneas a problemas que varían significativamente entre territorios. Una estrategia razonable no puede distribuir recursos únicamente siguiendo criterios administrativos o replicando las mismas intervenciones en territorios con dinámicas distintas. Allí donde se concentran violencia, mercados ilícitos o armas se necesitan capacidades diferentes de aquellas requeridas en comunas donde predominan delitos contra la propiedad, fraudes o problemas de convivencia urbana.
Hay, además, otro aspecto que debería preocupar especialmente y que se relaciona con los bajos niveles de denuncia. Para el conjunto de delitos consultados existe una mejora. La proporción de hogares victimizados que denunció pasó de 32,7% en 2023 a 35% en 2024 y llegó a 37,4% en 2025. Es un avance. Pero ocurre exactamente lo contrario cuando observamos los delitos violentos. En 2023 denunció el 45,2% de los hogares afectados; en 2024, el 42,4%; y en 2025, apenas el 41,3%. Esto significa que cerca de seis de cada 10 hogares victimizados por delitos violentos no denunciaron.
Aquí existe una brecha institucional difícil de ignorar. Cuando una víctima decide no denunciar, el problema no puede reducirse automáticamente a falta de cultura cívica o desinterés. La decisión puede estar relacionada con la expectativa de que nada ocurrirá, con la percepción de exceso de trámite, con temor o con una percepción de escasa utilidad del sistema. Las enormes diferencias según tipo de delito refuerzan esta idea. Mientras casi todos los hogares afectados por el robo violento de un vehículo denuncian, la proporción cae drásticamente frente a amenazas violentas o agresiones.
La pregunta de política pública, entonces, no debería limitarse a cómo facilitar técnicamente una denuncia. También hay que preguntarse qué experiencia ofrece el Estado después de recibirla.
Algo parecido ocurre con la confianza institucional. En 2025 aumentó significativamente el conocimiento ciudadano sobre las acciones de Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. Más personas saben lo que estas instituciones hacen. Sin embargo, esa mayor visibilidad no produjo un aumento estadísticamente equivalente de la confianza. Comunicar más no significa necesariamente legitimar.
La PDI mantiene el nivel más alto de confianza, con 71,9%; Carabineros registra 61,5% y el Ministerio Público apenas 30,6%. Al mismo tiempo, aunque mejoran algunas evaluaciones sobre las funciones de Carabineros, los niveles siguen siendo bajos en áreas centrales. Menos de una cuarta parte evalúa favorablemente su desempeño en prevención del delito y menos de una quinta parte lo hace respecto del control del tráfico de drogas y de armas.
Este punto debería ocupar un lugar central en cualquier estrategia futura. La ciudadanía puede reconocer una mayor presencia institucional y, al mismo tiempo, seguir dudando de su eficacia. La distancia entre visibilidad y confianza no se resuelve exclusivamente con más comunicación. Se resuelve con experiencia de servicio, capacidad de respuesta, resultados y coordinación.
Respecto de la percepción de inseguridad, hay señales más favorables. La proporción de personas que cree que será víctima de un delito durante los próximos doce meses disminuyó de 57% en 2024 a 52,8% en 2025. También bajó la proporción de quienes se sienten inseguros al caminar solos de noche por su barrio, desde 70,1% en 2023 a 67,9% en 2024 y 65,5% en 2025. La percepción de que la delincuencia aumentó en el país cayó de 87,7% a 82,9% durante el último año.
La tendencia mejora, pero sería absurdo confundir mejora con normalidad. Que aproximadamente dos de cada tres personas todavía se sientan inseguras caminando de noche por su propio barrio revela hasta qué punto el temor sigue condicionando la vida cotidiana. Dos tercios declaran haber dejado de usar celulares u otros artículos electrónicos en público, 63% evita determinados lugares y 57,3% evita salir de noche. La inseguridad, por tanto, tiene un costo incluso cuando el delito no ocurre, porque reduce la movilidad, restringe el uso del espacio público y modifica rutinas.
La encuesta también muestra que la percepción de inseguridad y la victimización no avanzan siempre al mismo ritmo. La comparación con 2018 ayuda a entenderlo. Ese año, la victimización por delitos de mayor connotación social alcanzaba 25,4%, por encima del 22,2% registrado en 2025. Sin embargo, la percepción de que la delincuencia había aumentado era de 76,8%, bastante menor que el 82,9% actual. En otras palabras, hoy se registra menos victimización que en 2018, pero una mayor proporción de personas percibe que la delincuencia ha aumentado.
No basta, por lo tanto, con decirle a la ciudadanía que determinados indicadores están mejorando. La confianza se reconstruye más lentamente que una estadística y depende de múltiples señales, entre ellas la experiencia personal, las noticias, las conversaciones, las redes sociales, las condiciones del barrio y la evaluación de las instituciones.
También hay señales alentadoras en esa escala cotidiana. Disminuyó la percepción de consumo de alcohol o drogas en la vía pública, de sitios eriazos o basura, del comercio ilegal y de los rayados. También bajó la observación de robos o asaltos en la vía pública, de 18,8% a 16,5%, y de balaceras o disparos, de 16,7% a 15,2%.
Pero nuevamente aparece un límite. Problemas de alta gravedad, como el tráfico habitual de drogas en los barrios o la presencia de armas de fuego, no presentan mejoras significativas. Esto obliga a distinguir entre recuperar un espacio y controlar un mercado criminal. Iluminar, limpiar, patrullar y recuperar plazas puede reducir oportunidades delictivas y mejorar la convivencia. Pero esas políticas no sustituyen la investigación financiera, la persecución de organizaciones criminales o el control de armas.
El balance de la ENUSC 2025, entonces, no admite eslóganes sencillos. Hay mejores resultados en violencia, robos y percepción de inseguridad. Es una buena noticia y sería intelectualmente deshonesto negarla. Pero el cuadro general sigue mostrando un aumento de los delitos económicos, diferencias territoriales, una preocupante falta de denuncia de delitos y una confianza institucional que no avanza al mismo ritmo que la visibilidad de las instituciones.
El desafío para los próximos años no consiste simplemente en hacer más en materia de seguridad. Consiste en hacerla mejor y con mayor precisión. Eso significa sostener aquello que parece estar funcionando en la reducción de violencia y robos, pero evaluar rigurosamente qué intervenciones explican los resultados. Significa orientar recursos según las particularidades de los territorios, adaptar las instituciones para la persecución de los delitos económicos, reducir las barreras reales que enfrentan las víctimas para denunciar y exigir que una mayor presencia institucional se traduzca en capacidad efectiva de respuesta.
Sobre todo, significa evitar utilizar cualquier mejora para declarar superada una crisis que claramente no lo está. Pero también negar toda evidencia positiva porque contradice una narrativa de deterioro permanente. Una política de seguridad seria necesita escapar de ambos extremos. Tal vez esa sea la discusión que la ENUSC 2025 debería abrir. No basta con preguntarnos si Chile está hoy más o menos seguro que el año anterior. La pregunta de fondo es otra. ¿Qué tiene que debe hacer el Estado para que estas mejoras dejen de ser un dato estadístico y se conviertan en una experiencia cotidiana y sostenible?