La inclusión laboral de las personas con discapacidad ha sido uno de los avances más importantes de los últimos años. La ley que exige que las empresas con más de 100 trabajadores destinen al menos el 1% de su dotación a personas con discapacidad marcó un cambio cultural relevante: por primera vez, el acceso al empleo dejó de depender exclusivamente de la buena voluntad de las organizaciones para convertirse en una responsabilidad compartida.
Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados. Y hoy es evidente que aún estamos lejos de alcanzar el objetivo que nos propusimos.
A casi ocho años de la entrada en vigencia de la ley, el nivel de cumplimiento es insuficiente. Mientras la normativa establece que el porcentaje aumentará al 2% una vez que el 80% de las empresas alcance el estándar actual, la realidad muestra que apenas una fracción de ellas cumple efectivamente con la obligación. Eso exige fortalecer la fiscalización, pero también invita a preguntarnos si el diseño de la política está abordando adecuadamente las distintas realidades que conviven bajo el concepto de discapacidad.
No todas las personas enfrentan las mismas barreras para acceder al empleo. Quienes viven con discapacidad intelectual suelen encontrar obstáculos mucho mayores para incorporarse y mantenerse en un puesto de trabajo. No por falta de capacidades, sino porque muchas veces requieren procesos de adaptación, apoyos permanentes, mayor acompañamiento y tiempos distintos de aprendizaje. Esas necesidades representan un desafío para las empresas y, en muchos casos, terminan desincentivando la contratación.
Por eso creemos que es momento de complementar las obligaciones con incentivos. Chile ya ha utilizado este tipo de herramientas para promover la contratación de jóvenes y mujeres. ¿Por qué no avanzar en un esquema similar para favorecer la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual, especialmente cuando se trata de una de las poblaciones con mayores niveles de exclusión?
Existe una alternativa que merece ser discutida con mayor profundidad: la creación de un modelo de empresas de empleo protegido. Se trataría de organizaciones especialmente acreditadas, cuyo propósito sea generar oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual y cuya dotación esté integrada mayoritariamente por trabajadores de este grupo, siguiendo experiencias que han demostrado buenos resultados en países como España.
Este tipo de empresas podría acceder a subsidios permanentes para financiar parte de las remuneraciones, recibir apoyo para su desarrollo, contar con incentivos tributarios y tener un acceso preferente a determinados procesos de compras públicas. No se trata de crear espacios segregados, sino de construir plataformas que permitan desarrollar habilidades, generar experiencia laboral y abrir nuevas oportunidades para quienes hoy siguen quedando fuera del mercado del trabajo.
Lejos de competir con el empleo inclusivo en empresas tradicionales, este modelo podría complementarlo, ofreciendo una alternativa para aquellas personas que requieren apoyos más intensivos y permanentes. La verdadera inclusión consiste precisamente en reconocer que no todas las personas necesitan las mismas herramientas para ejercer sus derechos.
Chile ya dispone de una posible fuente de financiamiento para avanzar en esta dirección. Los recursos provenientes de las medidas de cumplimiento alternativo de la Ley de Inclusión Laboral podrían destinarse, mediante los ajustes normativos necesarios, a impulsar este tipo de iniciativas, transformando esos aportes en oportunidades concretas de empleo para quienes más lo necesitan.
Construir una sociedad inclusiva implica mucho más que establecer cuotas. Significa generar condiciones reales para que todas las personas puedan aportar con su talento, desarrollar un proyecto de vida y participar plenamente en la comunidad. Si queremos que la inclusión laboral deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad para las personas con discapacidad intelectual, debemos atrevernos a explorar nuevos caminos. La experiencia internacional demuestra que existen modelos exitosos. El desafío ahora es adaptarlos a nuestra realidad y dar un nuevo paso hacia una inclusión que no deje a nadie atrás.