Cuando llueve sobre mojado

Las lluvias de los últimos días dejaron calles anegadas, viviendas afectadas y barrios enteros intentando volver a la normalidad. En Cerro Navia desplegamos todos los recursos disponibles: entregamos agua potable, distribuimos nylon y sacos de arena, levantamos diques de contención, retiramos barro, limpiamos sumideros y trabajamos día y noche para ayudar a las familias que enfrentaban la emergencia.

Eso es lo que hacen los municipios cuando las cosas se ponen difíciles. No solo somos el primer rostro del Estado; muchas veces somos el único. El vecino no llama al Congreso ni a un ministerio cuando el agua entra a su casa; llama a su municipio. Y nosotros siempre intentamos responder.

Pero mientras estábamos en terreno enfrentando una emergencia real, en el Congreso avanzaba otra discusión "de emergencia" que puede tener consecuencias igual de profundas para comunas como la nuestra: la indicación a la megarreforma que establece el mecanismo de compensación por el fin de las contribuciones.

Algunos han querido presentar este debate como un asunto técnico. No lo es. Es una decisión política sobre quiénes seguirán teniendo más herramientas para enfrentar los desafíos del futuro y quiénes continuarán obligados a hacer más con menos.

Porque las emergencias también revelan las desigualdades. El cambio climático no golpea de la misma manera a todos los territorios; tampoco crea esas desigualdades, las expone. Las comunas con menor infraestructura, con barrios históricamente postergados y con menor capacidad de inversión sufren más. Y justamente esas son las comunas que dependen de un financiamiento solidario para garantizar servicios básicos, prevenir riesgos y responder cuando ocurren catástrofes.

Por eso resulta incomprensible que se impulse un mecanismo que, lejos de corregir las desigualdades, las consolida. Se nos asegura que habrá compensaciones. Sin embargo, el mecanismo propuesto perpetúa las diferencias y protege la concentración de recursos en las comunas que ya cuentan con mayores capacidades. En otras palabras, institucionaliza una desigualdad que Chile lleva décadas intentando corregir. La pregunta es simple: ¿Qué país queremos construir?

¿Uno donde el lugar en que nace una persona determine la calidad de los servicios públicos que recibirá durante toda su vida? ¿Uno donde un municipio rico pueda invertir millones en prevención, áreas verdes y seguridad, mientras otro debe decidir entre reparar un camión aljibe o reforzar una cuadrilla de emergencia?

No podemos seguir naturalizando que existan municipios de primera y de segunda categoría. Estamos condenando a las comunas más vulnerables a administrar la escasez, mientras otras pueden concentrarse en impulsar el desarrollo de sus territorios.

Las lluvias de los últimos días son una demostración concreta. Cada camión desplegado, cada cuadrilla en terreno, cada metro de barro retirado y cada familia atendida tienen un costo. Los municipios no enfrentamos las emergencias con buenas intenciones; las enfrentamos con presupuesto, planificación y equipos preparados. Cuando se debilita ese financiamiento, lo que realmente se está debilitando es la capacidad del Estado para proteger a las personas.

No estamos defendiendo un privilegio para Cerro Navia, Lo Prado o Lo Espejo. Estamos defendiendo un principio básico de justicia territorial. Si Chile decide modificar el sistema de financiamiento municipal, esa decisión no puede traducirse en menos oportunidades para quienes ya parten desde atrás.

Quienes respaldan esta indicación deberían recorrer las calles de nuestras comunas después de un temporal. Deberían conversar con las familias que pierden sus muebles por una inundación, con las personas mayores que pasan horas sin poder salir de sus casas o con los trabajadores municipales que pasan la noche completa retirando barro para que un barrio vuelva a funcionar. Tal vez entonces comprenderían de qué estamos hablando.

Gobernar también significa comprender que las decisiones que se toman en el Congreso tienen consecuencias concretas en los barrios. Detrás de cada modificación al financiamiento municipal hay menos inversión, menos prevención y menos capacidad para responder cuando una familia necesita ayuda.

La lluvia tardeo temprano termina. Lo que permanece son las decisiones políticas. Y hoy tenemos la oportunidad de decidir si seguiremos profundizando la desigualdad territorial o si, de una vez por todas, construiremos un país donde la dirección no determine tu bienestar. Porque en Chile hace demasiado tiempo que, cuando se trata de las comunas más vulnerables, sigue lloviendo sobre mojado.