No son héroes, son condenados por la justicia
La diputada de la bancada del Partido Republicano Javiera Rodríguez se refirió recientemente a los exuniformados condenados por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social como "héroes de la patria", que sufren el abandono del Estado. Además, junto al diputado Sebastián Zamora, solicitó apoyo emocional y financiero para los condenados y sus familias.
En primer lugar, es muy importante el uso del lenguaje y llamar a las cosas por su nombre, ¿cómo pasamos de condenados por tribunales a "héroes de la patria"? Los exuniformados aludidos son funcionarios que cometieron delitos graves como homicidios, actos de tortura o tratos crueles, violencia sexual y mutilaciones, y es por ello que hoy cumplen condena. Esas sentencias son el resultado final después de investigaciones exhaustivas llevadas adelante por la Fiscalía y de juicios que cuentan con todas las garantías del debido proceso.
Los actos por los que fueron condenados se realizaron en contexto de manifestaciones. Cabe recordar que la protesta es un derecho legítimo en democracia y el rol de las policías es garantizar su ejercicio y proteger a quienes participan en ella. Cuando una manifestación deriva en hechos violentos, corresponde contenerlos, pero esa intervención debe realizarse siempre dentro de la ley y de los propios reglamentos institucionales. Lo que hicieron los exuniformados fue apartarse de la ley y así lo demuestra la sentencia condenatoria que recibieron.
Además, tildarlos de "héroes" es una provocación y una falta de respeto, no solo a sus víctimas, sino a todas las personas uniformadas que sí salen a la calle con responsabilidad a ejercer su rol con un compromiso irrestricto a los derechos humanos. Quienes se saltan las normas de su propia institución jamás deberían ser considerados referentes o modelos a seguir.
En segundo lugar, si vamos a hablar de héroes hablemos de quienes, en circunstancias extremas, actuaron en defensa de la democracia y los derechos humanos. Hablemos, por ejemplo, de los militares que se opusieron al golpe de Estado de 1973 y que, por sus convicciones, arriesgaron sus propias vidas. Personas que fueron capaces de ponerse del lado de la justicia, de reconocer los horrores que se estaban cometiendo, alzar la voz y confrontar a sus superiores independientemente del costo que pudiera suponer.
En el último tiempo hemos sido testigos de una serie de declaraciones aberrantes provenientes de un sector que no cree en la justicia, ni en los acuerdos sociales básicos que nos ordenan como sociedad. Sabemos que muchas veces no se emiten para lograr lo que se declara sino solo para ir de a poco corriendo el eje de lo que consideramos aceptable e inaceptable. ¿Quién, en su sano juicio, defendería a un funcionario que tortura o abusa sexualmente?
Así, nos vamos acostumbrando paulatinamente a discursos que, en otro momento, habríamos considerado escandalosos. Si todo es aberrante, al final nada lo es. Así funciona la llamada Ventana de Overton: ampliando gradualmente los límites de lo que una sociedad está dispuesta a aceptar, hasta que ideas antes impensables terminan pareciendo normales. Lamentablemente esa es una técnica que se usa cada día más para naturalizar la violencia y nos toca estar siempre atentos para denunciarlo y resistirlo.
Por eso es importante no naturalizar estas declaraciones ni permitir que se oculte la información clave -como la gravedad de los crímenes por los que policías o militares recibieron sus condenas- o el contexto. Quienes fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos nunca deben ser considerados héroes, sino como personas condenadas por los tribunales de justicia. No caben homenajes, indultos o amnistía respecto de agentes del Estado condenados por graves delitos como homicidio, tortura, mutilaciones y violencia sexual. Esto sólo ensucia el trabajo de instituciones que tienen mandatos constitucionales tremendamente importantes. Solo pedimos justicia, nada más pero tampoco nada menos.