Cumplir bien es más barato que no cumplir
Desde la entrada en vigencia de la ley de Inclusión Laboral en Chile, la incorporación de personas con discapacidad es una obligación legal para las empresas que cuentan con cien o más trabajadores. La experiencia de Fundación Tacal, refrendada por las cifras de fiscalizaciones y multas de la Dirección del Trabajo, muestran una realidad contundente para el mundo empresarial: cumplir bien es infinitamente más barato que no cumplir o hacerlo de forma deficiente.
Hacer el proceso de inclusión de manera correcta no consiste simplemente en contratar de forma apresurada a una persona con discapacidad para cubrir la cuota requerida del 1% o recurrir sin análisis a medidas subsidiarias como la donación o la subcontratación. La verdadera inclusión requiere una gestión técnica e institucional al interior de la organización.
Para lograr un proceso adecuado, la normativa vigente establece exigencias clave que la empresa debe implementar, tales como contar con un gestor de inclusión laboral certificado por ChileValora, elaborar y ejecutar anualmente programas de inclusión que otorguen herramientas al personal, registrar formalmente las políticas internas de inclusión y cumplir oportunamente con el trámite anual de comunicación electrónica.
Un proceso bien ejecutado exige, además, implementar los ajustes razonables necesarios en el puesto de trabajo, y realizar un acompañamiento constante que garantice la sostenibilidad de la relación laboral en el tiempo.
Las consecuencias de no realizar el proceso de inclusión de manera integral son severas y costosas, tanto en términos operacionales como financieros. Cuando la inclusión se aborda como un mero trámite administrativo o sin la preparación adecuada, la rotación laboral se dispara y los contratos terminan prematuramente. Las estadísticas oficiales revelan que, de un total 148.155 contratos registrados desde abril de 2018, 91.945 han sido terminados, superando ampliamente los 56.210 contratos que se mantenían vigentes a enero de 2026. Causales de término como el vencimiento del plazo convenido, la conclusión del trabajo o servicio y las necesidades de la empresa reflejan una pérdida continua de recursos en procesos de selección, inducción, rotación de personal y pagos de finiquito.
A este desgaste organizacional se suma la fiscalización y la sanción del organismo regulador. Las empresas que omiten la comunicación electrónica dentro del plazo legal, no registran gestores de inclusión laboral, no disponen de políticas internas o no fundamentan adecuadamente sus razones fundadas enfrentan fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, procesos sancionatorios y multas en dinero. No cumplir (o cumplir a través de medidas subsidiarias) resulta sustancialmente más caro que invertir desde el primer momento en un cambio cultural real: procesos inclusivos, formales, guiados y sostenidos en el tiempo.
En Fundación Tacal tenemos la certeza de que la inclusión bien hecha aporta valor y estabilidad a las empresas. El diagnóstico de los datos es claro: la improvisación y el mero cumplimiento formal generan rotación, fiscalizaciones y multas. Apostar por un proceso riguroso, respaldado por gestores capacitados, capacitación continua y políticas sólidas es la ruta más eficiente para garantizar el cumplimiento legal y resguardar la sostenibilidad económica de las organizaciones.