Al César lo que es del César
Muchos imaginaron que este gobierno, por el origen político y religioso de buena parte de quienes hoy lo integran, intentaría reabrir debates sobre el aborto, la familia, el matrimonio o el rol de la mujer. Sin embargo, desde La Moneda se ha insistido una y otra vez en que esa no será su agenda. Se ha repetido que se trata de un gobierno concentrado en las urgencias: crecimiento económico, seguridad pública, empleo y recuperación social.
Aun así, de vez en cuando aflora una convicción más profunda. No mediante grandes reformas, sino a través de gestos que parecen menores, pero que revelan una determinada manera de entender el Estado.
Ha ocurrido con algunas propuestas de parlamentarios oficialistas, como aquella de obligar a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo bajo las tres causales legales a escuchar previamente los latidos del corazón del feto. El Gobierno debió tomar distancia de esa iniciativa, aunque cuesta creer que, en el fuero íntimo de varios de sus integrantes, la idea les resulte realmente extravagante.
Ahora el episodio vuelve a repetirse. La ministra de Desarrollo Social convocó oficialmente a una misa en la capilla del Palacio de La Moneda para pedir por la recuperación de las familias afectadas por los recientes temporales.
Obviamente el problema no es la misa. Hay que entenderlo bien, tampoco las creencias de la ministra. La ministra tiene todo el derecho a profesar la religión que estime conveniente, asistir a misa cada domingo o rezar todas las veces que quiera. Eso pertenece a su libertad de conciencia y merece absoluto respeto. Afortunadamente la condición de laicidad del estado eso se garantiza.
Lo discutible es otra cosa. Ella no convocó a los fieles de su parroquia. Convocó desde un ministerio de la República. No habló como una creyente más; habló como una autoridad del Estado. Y cuando una autoridad pública invita institucionalmente a una ceremonia religiosa para enfrentar un problema social, está mezclando dos ámbitos que una democracia moderna debe mantener cuidadosamente separados.
Las familias damnificadas necesitan viviendas, subsidios, apoyo psicológico, reconstrucción de infraestructura, coordinación entre servicios públicos y recursos económicos. Esa es precisamente la tarea del Ministerio de Desarrollo Social. Las herramientas de un ministerio son las políticas públicas, los programas, el presupuesto y la gestión eficiente, es lo que está en su obligación constitucional. No las ceremonias religiosas.
Quien crea que una misa puede ofrecer consuelo espiritual tiene pleno derecho a pensarlo. Pero esa convicción pertenece al ámbito privado de las personas y de las iglesias. No al ejercicio de una función pública.
Eso es, precisamente, lo que significa un Estado laico. No supone un Estado enemigo de las religiones. Tampoco un Estado ateo. Significa un Estado que no privilegia ninguna creencia por sobre otra y que representa por igual a católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos, ateos y a quienes simplemente no profesan religión alguna o el tema no le interese.
Cuando un ministerio convoca oficialmente a una misa, transmite la idea de que esa expresión religiosa constituye una respuesta institucional frente a un problema colectivo. Y ese ya no es un acto de fe: es un acto político.
Lo que me resulta siempre más llamativo es que probablemente quienes toman estas decisiones ni quienes las defienden, advierten la dificultad. Para ellos resulta natural. Han vivido siempre en un ambiente donde la religión forma parte del paisaje cotidiano y terminan suponiendo que esa mirada representa a todo el país.
Pero Chile no es ese país. Al menos, ya no lo es. Las cifras muestran un descenso sostenido de la adhesión religiosa y un crecimiento constante de quienes no se identifican con ninguna confesión. La sociedad es hoy mucho más diversa que hace 40 o 40 años. Pero incluso, aunque así no fuera.
Por eso sorprende que todavía existan autoridades que, investidas de un cargo público, actúen como si el Estado compartiera necesariamente sus convicciones espirituales. La fe pertenece a las personas. El Estado pertenece a todos.