Reformar con evidencia, no desmontar sin reemplazo
El rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a los artículos que buscaban derogar la franquicia tributaria Sence, dentro del proyecto de megarreforma, no puede leerse como una defensa irrestricta del sistema actual. Lo que ocurrió fue otra cosa: el Congreso frenó una eliminación que no contaba con un mecanismo sustitutivo robusto, técnicamente definido ni socialmente consensuado.
La votación que rechazó la eliminación de los artículos 26 y 27 dejó en evidencia que existe transversalmente una convicción política y técnica sobre que la capacitación laboral sigue siendo un instrumento estratégico para el desarrollo productivo y la cohesión social del país. Y aunque el sistema requiere reformas profundas, desmontarlo mediante una derogación parcial dentro de un proyecto mayor generaba más incertidumbres que certezas.
Hoy la discusión entra a una nueva etapa legislativa en el Senado. Y el hecho de que el Ejecutivo haya abierto espacio para revisar propuestas provenientes de distintos sectores políticos demuestra que el Gobierno entendió que la eliminación total de la franquicia carecía de viabilidad técnica, política y de legitimidad social suficiente para prosperar en su diseño original.
Desde Fundación Ronda creemos que este nuevo ciclo de tramitación debe abandonar la lógica binaria entre "mantener" o "eliminar". La discusión de fondo debería centrarse en cómo construir una política moderna de formación continua, con criterios de pertinencia territorial, trazabilidad de recursos, evaluación de impacto y acceso equitativo.
Porque el problema nunca ha sido la existencia de la franquicia en sí misma. El problema ha sido la falta de modernización de sus mecanismos de fiscalización, control, focalización y articulación con las nuevas necesidades del mercado laboral.
Chile enfrenta una transformación productiva acelerada. Automatización, inteligencia artificial, digitalización y transición energética están modificando los perfiles ocupacionales a una velocidad inédita. En ese contexto, debilitar los instrumentos de capacitación sin contar con una alternativa de reconversión laboral sería una señal profundamente contradictoria.
La evidencia internacional es clara. Los países que han logrado enfrentar exitosamente procesos de transformación tecnológica han fortalecido sus sistemas de formación permanente, articulando incentivos tributarios, capacitación sectorial y políticas activas de empleo. Lo contrario suele traducirse en mayor precarización y aumento de brechas laborales. En especial, en los grupos de mayor vulnerabilidad y que necesitan mayor protección de nuestra sociedad, como por ejemplo, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, personas cuidadoras, personas que no tienen escolaridad, jóvenes, entre otras.
Por eso preocupa que parte del debate público haya reducido esta discusión únicamente a un cálculo de gasto tributario. La franquicia Sence no puede analizarse solo desde una lógica de costo fiscal. Debe evaluarse también desde su impacto en productividad, inclusión, adaptabilidad laboral y desarrollo humano.
Eso no significa negar las falencias existentes. Las observaciones respecto de cursos de baja pertinencia, débil fiscalización o escasa evaluación de resultados son legítimas y deben abordarse con decisión. Pero precisamente por eso el desafío legislativo debiera enfocarse en perfeccionar el instrumento: elevar estándares, fortalecer mecanismos de acreditación, mejorar la supervisión de OTEC's y OTIC's y vincular la capacitación a sectores estratégicos para el desarrollo económico del país.
Desde Fundación Ronda esperamos que el debate en el Senado permita avanzar hacia una reformulación seria y técnicamente sostenible, donde ningún grupo quede excluido del acceso a formación y reconversión laboral. Porque cuando el mercado laboral cambia a la velocidad que hoy estamos viendo, la capacitación deja de ser un beneficio accesorio y se transforma en una política estructural de protección social y desarrollo económico.
La discusión legislativa que comienza ahora será decisiva. Y el verdadero riesgo no es reformar la franquicia. El verdadero riesgo sería debilitar las capacidades de formación del país justo en el momento en que más las necesita. Y que también ellos y ellas nos necesitan.