Reaccionar, pero no decidir
En menos de una semana, la suerte de una obra clave para el Gran Concepción cambió dos veces. Primero, Hacienda frenó la adjudicación de los corredores viales de las rutas 160 y 150, una inversión cercana a los US$ 400 millones, aludiendo a la estrechez fiscal. Días después, ante la presión transversal de alcaldes, del gobernador y senadores -que iban desde la UDI hasta el Partido Socialista-, el Gobierno cedió y confirmó que las obras se harán, ahora como obra pública y no como concesión. El proyecto se salvó, pero la región nunca fue la que decidió.
Lo ocurrido en el Biobío retrata, en el fondo, la condición del centralismo chileno. Las decisiones que moldean la vida de una región suelen tomarse en el centro y a las regiones les queda acatar o, a lo más, reclamar. Es una lógica vieja y persistente, y el malestar que genera no es solo del Gran Concepción, golpeado además por el cierre del acero en Huachipato, sino de casi todas las regiones, que ven cómo las decisiones y las grandes obras se concentran en Santiago.
Hubo avances, es cierto, pero ya hace un tiempo. Las reformas de 2018, las leyes 21.073 y 21.074, trajeron la elección de gobernadores y abrieron una vía para transferirles competencias en tres ámbitos acotados (ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural). Se trata de atribuciones hoy en manos del nivel central que permitirían a la región decidir por sí misma.
Sin embargo, ya se cumplió más de la mitad del segundo período de gobernadores electos, los cuales siguen teniendo legitimidad ciudadana sin poder real. El traspaso, además, es engorroso, por lo que su uso ha sido limitado y rara vez sustantivo. En los hechos, ha ido en reversa. Un estudio de P!ensa proyecta que, sin nuevas transferencias, hacia 2030 el Biobío quedaría con una sola de esas competencias y Valparaíso con ninguna. Las regiones no solo avanzan poco, sino que arriesgan terminar la década más débiles de lo que son hoy.
El ciclo de seminarios "Descentralización 2030" reunió hace poco a gobernadores, parlamentarios y expertos en torno a un diagnóstico común y a la convicción de avanzar. El obstáculo está en una resistencia que es política en un sentido amplio. No tiene un color definido y la prueba es que ni el gobierno actual ni el anterior han hecho de esto una prioridad. Cruza al Congreso, a la administración del Estado y a los partidos. Avanzar exige ponerles nombre, tanto a quienes se oponen como a quienes empujan del otro lado.
Sin embargo, no todo es inercia. Hay por dónde empezar. Existe una ventana abierta hasta marzo de 2028 para que las regiones soliciten nuevas competencias, y el nivel central puede acompañar ese esfuerzo con asistencia técnica en vez de administrar la espera como ha ocurrido en los últimos años. Nada de esto resuelve el problema de fondo. Es, a lo sumo, una declaración de intenciones, un primer paso en una tarea que exige mucho más.
Cuando Hacienda congeló los corredores, el gobernador Sergio Giacaman anunció que la región se iba a "rebelar". Esa energía, bien encauzada, vale para mucho más que un proyecto. Es la que el regionalismo debería recoger y llevarle a la nueva administración, hasta transformarla en una agenda real a largo plazo. No se trata de crear más cargos ni más oficinas, sino de que quienes conocen un territorio puedan decidir sobre él. Solo así las regiones dejarán de reaccionar cada tanto para empezar, por fin, a decidir.