De la metáfora a la paradoja: seguridad, comunicación y riesgos de la nueva agenda
La partida del Gobierno en materia de seguridad dejó mucho que desear. Fue un eje central de la campaña y, por lo mismo, se generaron altas expectativas; sin embargo, la performance inicial fue deficitaria, no solo en gestión, sino también en lo político. Prueba de ello es la comisión investigadora que hoy funciona en la Cámara de Diputados, la metáfora de las promesas sobre el control migratorio, la pirotecnia de la zanja y, más recientemente, anuncios de diversos proyectos de ley sin respaldo técnico ni académico que, abusando de una abrumadora mayoría parlamentaria, se aprobarán igual, sin debate ni posibilidad de mejora.
También es evidente que el nuevo ministro volvió a tomar el timón, pero de una embarcación construida completamente en la gestión anterior, con apoyos transversales, aunque no con el de quienes hoy disfrutan de su navegación en aguas menos turbulentas que cuando fue su botadura, que no tuvo tiempo ni para bautizo.
Lo paradójico es que los principales opositores a la agenda de seguridad impulsada desde el gobierno anterior hoy explotan política y comunicacionalmente de sus frutos, y sobre esto hay evidencia concreta. No cabe duda de que el despliegue comunicacional impacta directamente en la percepción ciudadana y se alinea con mayor éxito con lo que la gente quiere ver y escuchar. Ha existido un esfuerzo permanente y sistemático por invisibilizar, e incluso renegar, de los cambios estructurales impulsados y de lo avanzado con anterioridad, incluso sin pudor, con frases como "cifras que muestran los primeros avances", tendencias que ya venían consolidándose desde 2025, como la baja en homicidios, delitos violentos, secuestros y hechos de violencia en la macrozona sur, entre otros.
Otro ejemplo es el evidente "error", que más bien se alinea con la estrategia, en la comparación de cifras del Presidente en el anuncio en cadena nacional de la agenda ACOT. Escuchar permanentemente frases como "se acabó el Chile donde el crimen organizado actuaba con impunidad", "se terminó la mano blanda con los delincuentes", o adjetivar como "histórico" todo lo que se hace, debiera ser objeto de reflexión y análisis, que se extraña en algunos entrevistadores y analistas: junto con celebrar avances y logros, nada de esto hubiese sido posible sin el desarrollo de una Estrategia Nacional de Seguridad, con cinco objetivos estratégicos; la aprobación de una inédita y contundente agenda legislativa (72 leyes); el fortalecimiento institucional de policías, Gendarmería, Ministerio Público, municipalidades, etc.; la primera política y agenda contra el crimen organizado; la Política Nacional de Seguridad Pública y su respectivo plan; y, lo más importante, la instalación de nuevas formas de relacionarse con las instituciones para articular y coordinar objetivos estratégicos de manera conjunta.
A pesar de los esfuerzos por invisibilizarlo, volvemos a tener avances tan sólidos y significativos como los conseguidos en el gobierno anterior, que ya están rindiendo frutos. Por supuesto, siempre debe haber una necesaria autocrítica: la sobriedad y la cautela fueron más poderosas que la capacidad de comunicar los avances; la interpelación permanente de la oposición en materia de seguridad fue brutal, cada vez que fuimos testigos de hechos violentos, y siempre lo tomamos con cautela al responder, principalmente por respeto a las víctimas.
Pero más que quedarnos en la paradoja, o en la capacidad comunicacional y performática, no podemos dejar de advertir los riesgos y las falencias de esta nueva agenda, pues lo que está en juego es la democracia y el bienestar de los ciudadanos, y a mi juicio hay señales peligrosas.
La nueva agenda ACOT, que tendrá amplio apoyo, sin duda, en la mayoría de sus propuestas, tiene también poco de nuevo: entendiendo que propone fortalecer herramientas de persecución y hace mucho énfasis en nuevos instrumentos. Declara insistentemente reforzar en la persecución del crimen organizado, pero no propone ni aborda lo más indiscutido para enfrentarlo: perseguir la ruta del dinero, ni nuevas medidas para el control de armas. Propone un nuevo estado de excepción en barrios críticos, haciendo énfasis en la intervención policial que, aunque no conocemos aún el detalle, no cuenta con evidencia comparada de que este tipo de intervenciones tengan verdadero éxito; y todos los que conocemos la realidad de esos barrios sabemos que deben abordarse con mayor presencia integral del Estado, con intervenciones desde el desarrollo urbano y con fortalecimiento de las redes comunitarias y de cohesión social.
Por otra parte, tampoco aborda la prevención en general, ni menos la prevención en infancia como un objetivo estratégico. Y, por último, propone cambios constitucionales que, además de no ser necesarios para avanzar -como lo han dejado en evidencia muchos expertos-, se trata de una agenda fallida del proceso constitucional ya pasado.
Nuestro objetivo debe ser profundizar los esfuerzos para seguir obteniendo resultados y no descuidar las reales angustias que afectan a la ciudadanía en materia de seguridad, pues tan importante como enfrentar el crimen organizado lo es abordar los robos, y especialmente los violentos, que es el delito que afecta también en lo cotidiano a las familias y al pequeño y gran comercio, pues ello incide directamente en la percepción de seguridad y en el bienestar más concreto.