Seguridad: lo que el Presidente Kast no está viendo
El Presidente Kast acaba de presentar una ambiciosa agenda de seguridad con la que busca cumplir su principal promesa de campaña: devolverles la tranquilidad a los chilenos. Varias de las medidas anunciadas parecen razonables y seguramente encontrarán apoyo en el Congreso.
El problema no está en la cantidad de anuncios. Está en aquello que la agenda no ve, porque en seguridad pública un diagnóstico equivocado no es un problema académico: termina en malas políticas, recursos desperdiciados y delincuentes que siguen avanzando.
Y ahí aparece una primera preocupación. El Presidente está siendo mal asesorado en esta materia. Su agenda transmite la sensación de que todavía se intenta enfrentar una criminalidad nueva con recetas antiguas, copiando experiencias extranjeras o insistiendo en fórmulas que en Chile ya han demostrado resultados limitados. La seguridad no se recupera acumulando leyes. Se recupera cuando el Estado logra anticiparse, investigar mejor y golpear donde realmente duele: en las estructuras, el dinero y el control territorial de las organizaciones criminales.
Por eso sorprende que los anuncios presidenciales nada digan respecto de la prevención. Si queremos impedir que el narcotráfico capture barrios completos, el Estado debe llegar antes que los narcotraficantes. Eso supone intervención temprana, recuperación de espacios públicos, apoyo a niños y jóvenes en riesgo y presencia permanente de las instituciones del Estado en los territorios más vulnerables.
Cuando el Estado abandona un territorio, alguien ocupa ese espacio. Y cada vez con mayor frecuencia ese alguien es el narcotráfico. Existe, además, una omisión particularmente difícil de entender: la Policía Marítima y el rol de la Armada.
Chile es un país esencialmente marítimo. Tenemos más de cuatro mil kilómetros de costa, decenas de puertos y una enorme extensión marítima que constituye una puerta potencial para el narcotráfico, el contrabando y otras actividades del crimen organizado.
Pretender construir una gran estrategia nacional de seguridad sin colocar a la Armada y a la Policía Marítima en un lugar central revela un problema serio de diagnóstico.
La Policía Marítima cumple funciones policiales concretas: fiscaliza, controla, patrulla y vigila espacios particularmente sensibles para el tráfico ilícito. Sus funcionarios enfrentan riesgos reales y cumplen tareas que, en muchos casos, son perfectamente comparables con aquellas realizadas por Carabineros o la PDI. Por eso cuesta entender que se anuncien asignaciones de riesgo para determinados cuerpos policiales y se deje fuera a quienes desarrollan labores de seguridad en nuestros puertos y costas.
Pero reducir el debate a una asignación sería un error. Lo verdaderamente importante es dotar a la Armada de los recursos necesarios para mantener y fortalecer sus capacidades estratégicas: patrullaje marítimo, vigilancia tecnológica, inteligencia, control portuario y presencia efectiva en zonas estratégicas.