Con sorpresa me he enterado que la Subsecretaría de Pesca autorizó la operación de pesca industrial en parte del área de reserva a la pesca artesanal de las regiones XV y I, hasta el 31 de diciembre del 2019. Son tres años de una conducta depredatoria contraria al “principio precautorio” que la propia Ley General de Pesca y Acuicultura señala como sus ejes.
Por otro lado, es sorprendente también que se autorice esta perforación en dichas regiones de dos recursos que la misma Subsecretaría intenta proteger como la anchoveta y la sardina española, declararas sobreexplotadas y agotadas, respectivamente.
Es inentendible esta atrocidad y menos entendible que esta resolución considere la “opinión técnica” del Consejo Zonal de Pesca, sabiendo todos que la opinión de estos consejos solo tienen carácter consultivo y que la representación de los pescadores artesanales, los principales afectados, es absolutamente minoritaria respecto de la industria. A esto se suma que los mismos pescadores pidieron la renuncia de sus representantes en el consejo por votar contra sus intereses.
Dicho lo anterior, el pasado 14 de julio de 2015 junto a las senadora Goic y Muñoz ingresamos una moción para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura que propone la eliminación de las excepciones que permiten las perforaciones de la reserva de la pesca artesanal, precisamente para proteger áreas como las nombradas anteriormente. Claramente no se consideró la opinión de tres senadores de la República.
Otro punto incomprensible es que la principal beneficiaria de esta autorización, es CORPESCA S.A., empresa fuertemente cuestionada judicialmente por sus vínculos con la Ley Longueira.
La extrañeza y la duda aumentan cuando estos antecedentes se suman a la reciente salida del Subsecretario Raúl Súnico, es decir en pleno proceso de crisis y ajustes.
Es necesario que la Subsecretaría de Pesca justifique plenamente la decisión adoptada y que sea derogada si es necesario. No podemos seguir dañando a nuestros pescadores artesanales y mucho menos permitir que los propios funcionarios incumplan los compromisos de nuestra Presidenta Michelle Bachelet.
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