Agenda proinfancia: una prioridad para el gobierno
En Chile, el abandono de niños -especialmente en sus primeras horas de vida- ha dejado de ser una excepción dolorosa para convertirse en una señal de advertencia sobre fallas más profundas. Las cifras son claras: entre 2018 y 2024, 407 recién nacidos fueron abandonados en hospitales públicos, según una investigación de The Clinic. Solo en 2024 se registraron 84 casos, y en el primer trimestre de 2025 el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar ya contabilizaba 17 abandonos. Lejos de ser hechos aislados, estos datos reflejan situaciones límite donde el cuidado simplemente no logra sostenerse, empujando a algunas madres a decisiones extremas en contextos de alta vulnerabilidad.
Aún más preocupante es que este fenómeno convive con un aumento sostenido de niños que ingresan al sistema de protección del Estado. La población de menores de dos años en residencias creció 72% entre 2021 y 2025, y por primera vez se produjo un hecho inédito: en 2024, el promedio de ingresos diarios al sistema (429 niños) superó al promedio de nacimientos diarios (371), según señala un reportaje de La Tercera. Más niños entrando al sistema que guaguas naciendo cada día. Estas cifras no solo impactan por su magnitud, sino porque evidencian una crisis estructural del cuidado, donde el Estado termina interviniendo cuando las redes familiares y sociales ya han colapsado.
Frente a esta realidad, la respuesta del Estado no puede limitarse a administrar la crisis, sino que debe apuntar a transformar el modo en que se cuida a la infancia desde sus primeros años. En esa línea, el anuncio del plan piloto "Crecer en Familia: para cada niño, una familia", impulsado por el Presidente José Antonio Kast junto a la ministra María Jesús Wulf, representa un cambio de enfoque relevante, es dejar atrás la lógica de la institucionalización como respuesta predominante y avanzar hacia el derecho de todo niño a crecer en un entorno familiar. La iniciativa, que se implementará en las regiones de La Araucanía y Valparaíso, busca vincular a cientos de niños bajo tutela del Estado con familias de acogida, priorizando que las residencias sean efectivamente la última alternativa.
El desafío no es menor. Hoy, cerca de 900 niños menores de cuatro años viven en residencias, y muchos de ellos han pasado institucionalizados más del 60% de su vida. El plan apunta precisamente a revertir esa realidad, promoviendo la desinternación temprana de niños de 0 a 3 años y estableciendo acompañamiento a las familias por hasta 18 meses. Más que una política puntual, lo que está en juego es un cambio estructural: entender que el cuidado no puede llegar tarde ni ser impersonal. Si las cifras de abandono y de ingresos al sistema de protección reflejan una falla en el origen, iniciativas como esta buscan intervenir antes, fortaleciendo alternativas familiares reales. La pregunta de fondo es si seremos capaces de sostener, escalar y priorizar este tipo de políticas para que ningún niño en Chile tenga que comenzar su vida lejos de una familia.
Dentro de las múltiples emergencias sociales que estamos viviendo, la infancia vulnerable debe ser una prioridad. Un criterio de justicia social básica exige que el desarrollo de un país se mida también por la forma en que protege a quienes no tienen voz ni capacidad de defenderse por sí mismos. Cuando un niño es abandonado o crece institucionalizado desde sus primeros meses de vida, no solo se vulneran sus derechos, sino que se compromete el tipo de sociedad que estamos construyendo. No hay crecimiento económico ni estabilidad política que pueda compensar una deuda tan profunda con la niñez.