Por un mundo del trabajo libre de violencia: plena implementación del Convenio 190
La obligación del Estado de Chile de rendir cuentas ante la OIT sobre la implementación del Convenio 190, ratificado en 2023, deja en evidencia una verdad incómoda: la violencia y el acoso siguen siendo una dolorosa realidad en el mundo del trabajo. La primera memoria que se ha ingresado -una suerte de cuenta del proceso de implementación realizada de forma tripartita- no puede convertirse en un mero trámite burocrático, sino en un espejo que nos obliga a reconocer las falencias estructurales y a reforzar la respuesta legislativa, jurídica y política que el país necesita para garantizar ambientes laborales libres de violencia.
La entrada en vigencia de la Ley Karin, en agosto de 2024, es un hito que no podemos minimizar. A un año de su implementación, los resultados entregados por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social son reveladores. Entre agosto de 2024 y junio de 2025 se registraron más de 44 mil denuncias en la DT, de las cuales 66% fue realizada por mujeres y 87,5% corresponde a casos de acoso laboral. A su vez, los organismos administradores del seguro laboral reportaron 6.750 denuncias formales y más de 19 mil atenciones psicológicas tempranas para trabajadoras y trabajadores víctimas de violencia. Estos números hablan de un fenómeno extendido y sistemático, que requiere mayor voluntad estatal y empresarial para erradicarlo.
Desde la Vicepresidencia de la Mujer de la CUT hemos levantado estudios e informes que confirman la falta de compromiso real con la prevención y el cumplimiento pleno de la Ley Karin. Lo hemos constatado en prácticas que rayan la simulación: empresas que simplemente copian y pegan protocolos estandarizados emanados por la Suseso, sin adecuarlos a sus realidades ni garantizar procesos efectivos de prevención y protección. Este tipo de conductas no solo vacían de contenido la ley, sino que también perpetúan espacios laborales inseguros para miles de trabajadoras y trabajadores. Por ello, es fundamental que la Dirección del Trabajo cuente con todas las herramientas de fiscalización disponibles, y que las utilice con firmeza para hacer valer la normativa y sancionar a quienes la incumplen.
Sin embargo, junto con estos avances normativos, la realidad nos recuerda que aún estamos lejos de garantizar espacios libres de abuso. En el propio Estado hemos conocido graves casos de violencia laboral y persecución, particularmente en el sector salud. El Hospital Base y el Servicio de Salud de Osorno son ejemplos brutales de cómo la ausencia de medidas eficaces y de sanciones oportunas perpetúa prácticas abusivas contra trabajadoras y trabajadores. Lamentablemente, la falta de decisión política de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para establecer protocolos robustos, fiscalizar con rigor y sancionar a las autoridades responsables, ha transformado al ministerio en cómplice pasivo de una situación que se repite en distintas regiones del país.
Todas las autoridades del Gobierno y del país deben estar plenamente comprometidas con la tarea de mantener espacios laborales libres de violencia, acoso y abuso. No pueden hacer la vista gorda frente a las denuncias, ni mucho menos intentar encubrir los hechos o acallar a las y los denunciantes. La credibilidad del Estado y de sus instituciones se mide también en la capacidad de enfrentar estas prácticas con decisión y transparencia, protegiendo siempre a quienes se atreven a alzar la voz.
El compromiso de Chile con el Convenio 190 no puede ser cosmético. Requiere reconocer que, detrás de cada denuncia, hay vidas y trayectorias laborales dañadas. Desde la CUT lo hemos dicho con fuerza: no basta con leyes si no existe fiscalización rigurosa, sanciones ejemplificadoras y protocolos eficaces que resguarden a las y los trabajadores, sin importar si laboran en una microempresa o en un gran hospital público.
Hoy hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, empleadores y autoridades del Estado a redoblar los esfuerzos y para erradicar la violencia, el acoso y el abuso en el mundo del trabajo. Construir ambientes laborales seguros y libres de violencia no es solo una obligación legal o internacional: es un imperativo ético y social. La democracia se fortalece también en los espacios laborales, y mientras exista impunidad frente a estas prácticas, será imposible hablar de trabajo decente en Chile.
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