Pragmatismo para acelerar las inversiones
Una de las señales más elocuentes que han dado las autoridades económicas del Gobierno es su compromiso con la inversión. Esto queda de manifiesto en el presupuesto público presentado al Congreso. Los esfuerzos que está liderando el Ministerio de Economía para acelerar iniciativas de diversa índole y en la robusta cartera de proyectos de concesiones, entre otras. Da la impresión que, ante una desaceleración económica con presiones inflacionarias importantes, esta sería la opción correcta para retomar el camino del crecimiento y desarrollo, tan necesario por las grandes mayorías.
En efecto, no hay alternativa al desarrollo si no a través de una sólida capacidad de inversión que permita incrementar la base de capital sobre la que es posible llevar a cabo actividades productivas con una alta productividad y prestar los servicios para mejorar el bienestar de la población.
Sin embargo, hay situaciones contradictorias que sería bueno despejar. El comercio exterior seguirá siendo uno de los factores dinamizadores de nuestra actividad económica. Agregar valor a las exportaciones -propósito reconocido por todos como un objetivo estratégico-, tomará tiempo. En ese sentido, decisiones tan importantes como la adhesión a tratados internacionales que ampliarán nuestros mercados son importantes para facilitar el paso de exportaciones básicas a envíos más sofisticados.
En esa línea, el principal agente de inversión es, y continuará siendo, el sector privado. Aumentar los recursos del Estado disponibles para invertir no basta si no hay empresas privadas para llevar a cabo esas inversiones. En consecuencia, es fundamental resolver a la mayor brevedad las dificultades que enfrenta el sector privado como resultado de la pandemia y una inflación sorpresiva, además de cambios institucionales significativos.
Con todo, también se debería hacer una revisión a las exigencias que se le ponen a proyectos. La idea de inversiones sustentables es un compromiso que se debería asumir como país y del cual nadie podría restarse. Pero, pasar de un estado de cosas a otro debe ser gradual y progresivo. Al respecto, es legítimo que las autoridades locales y sectoriales manifiesten sus reparos a la forma en que ciertas inversiones se pretenden ejecutar, pero ello no debe ser sinónimo de suspensión. Debería ser un llamado a un diálogo para encontrar la forma de adecuar las propuestas a nuevas exigencias -en forma gradual-, y con las compensaciones que correspondan.
El sentido de urgencia que debe primar en momentos críticos de nuestra economía amerita una consideración pragmática orientada respaldar las disposiciones para aumentar la inversión por parte quienes están comprometidos con el buen resultado del gobierno y del país. No se trata de renunciar a los cambios que se pretenden introducir al modelo sino de que, habiendo consenso en que esos cambios son necesarios para proyectarnos al largo plazo, los procesos son encadenamientos de corto plazo que no deberían significar desvíos ni tampoco paralizaciones.
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