La reciente medición de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) sobre riesgos sicosociales constituye un aporte relevante para la seguridad y salud laboral. Elaborado a partir de las respuestas de más de un millón de trabajadores, el informe muestra que ocho de cada 10 lugares de trabajo presentan un riesgo global bajo, aunque el panorama cambia al observar dimensiones específicas: el 86,5% no alcanza un nivel óptimo en carga de trabajo y el 79,5% en exigencias emocionales.
Este tipo de estudios resulta especialmente útil y merece reconocimiento: identificar los sectores más expuestos -administración pública, salud y educación- permite dirigir los esfuerzos preventivos hacia áreas donde más se necesitan.
Recordemos que la función principal de la ley 16.744 es, precisamente, la prevención. Las cifras de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales exhiben una reducción sostenida en el tiempo, lo que constituye un logro importante del sistema. Sin embargo, esto plantea el desafío de seguir renovándose: la ley cuenta con varias décadas de vigencia y el mundo del trabajo ha cambiado de manera sustancial. Hoy la sobrecarga, la presión emocional, la violencia o el acoso -experimentados por un tercio de los encuestados en el último año- son riesgos que exigen respuestas distintas a las tradicionales.
En este escenario, resulta imperativo mantener el foco en la prevención. Cada peso destinado a ese fin representa un ahorro relevante en prestaciones médicas y rehabilitación, además de un beneficio directo para la calidad de vida de las personas.
Ahora bien, el actual sistema de tasas de cotización presenta una brecha de incentivos. La rebaja de la tasa de cotización se logra por una disminución de accidentes y enfermedades, de modo que la gestión realizada antes de que ocurra el daño no se refleja de manera directa en ella. Por eso, la labor en prevención debería tener una incidencia mayor en las tasas que pagan los empleadores, fomentando que las empresas inviertan en gestión de riesgos antes de que el daño ocurra.
Como advierte la propia autoridad, tras un resultado global bajo pueden existir dimensiones que requieren atención y acciones específicas. Convertir ese diagnóstico en acción -con prevención focalizada, colaboración entre organismos administradores, empleadores y trabajadores, e incentivos alineados- permitirá que el sistema siga evolucionando a la altura de los desafíos del Chile actual.