Una llave en vez de la cárcel
En medio de nuestra vorágine política y legislativa, un proyecto de baja cobertura mediática, pero con profundas implicancias sociales, se discute y avanza en el Congreso. Se trata de la idea de ley que tipifica como delito el empleo de bienes de uso o acceso público para habitar o pernoctar. O, dicho en simple, el proyecto que establece sanciones de cárcel a las personas en situación de calle por la instalación de rucos.
En primer lugar, el proyecto no hace ningún tipo de distinción entre las más de 50 mil personas que actualmente viven en situación de calle, aun cuando tenemos plena certeza de que bajo ningún tipo de vista todas cometan delitos.
No se trata de desconocer las crecientes complejidades asociadas a los rucos ni los casos donde efectivamente se producen ilícitos, pero la respuesta de la política no puede ser un disparo a la bandada.
Sumado a lo anterior, la propuesta enfrenta enormes dificultades operativas y presupuestarias. Por un lado, no existe capacidad carcelaria para recibir al total de personas que viven en la calle, ni menos posibilidad de segmentarlas según sus antecedentes. Por otro, el costo promedio diario de una persona privada de libertad prácticamente duplica el costo per cápita de Vivienda Primero, el programa con mejores resultados para la superación de la calle. Así, es lógico preguntarse si una mayor inversión en la persecución penal pasa a ser la alternativa más efectiva frente a un fenómeno social complejo, que requiere de respuestas multidimensionales.
En tercer lugar, si bien el proyecto exige ofrecer programas de rehabilitación o reinserción antes de la cárcel, sabemos que la oferta disponible es absolutamente insuficiente, y que el mero ofrecimiento es un acto simbólico cuando se trata de iniciar un proceso de superación. Porque la situación de calle no es una elección ni se explica diciendo que las personas "no quieren recibir ayuda", sino que es una expresión extrema de pobreza y exclusión.
Detrás de cada persona en calle hay historias de abandono, violencia, quiebres familiares, problemas de salud mental y consumo problemático de alcohol y otras drogas, situaciones que requieren atención especializada, tratamientos y respuestas sostenidas.
Afortunadamente, conocemos historias que demuestran que es posible avanzar en esta dirección.
En La Granja, luego de cinco años de vida intermitente en la calle, Francisco dejó el ruco que instaló junto a la autopista y, gracias a la alianza entre el Hogar de Cristo e Isa Vías, consiguió una residencia laboral y ya está trabajando y se prepara para ver nuevamente a su hijo. ¿Cómo se dificultaría este proceso si ese CV tuviera ahora antecedentes penales?
Marcelo Salas para nuestra campaña #TeQuieroVer! conversa con Sergio Marín, quien agradece el apoyo del Centro Terapéutico del Hogar de Cristo, porque "nunca me dieron la espalda. Siempre me dieron un plato de comida, un techo, una cama". También le cuenta al "Matador" Salas que sabe bien dónde lleva la vida en la calle: "A la cárcel, a la muerte...". ¿Cómo explicarle a Sergio que la principal respuesta de la política sea justamente uno de los principales miedos de una persona en situación de calle?
Lejos de avanzar en un proyecto como el que se discute, necesitamos fortalecer programas como Vivienda Primero, arriendo protegido, centros integrados, atención de salud mental y tratamiento de las adicciones. Requerimos más trabajo territorial y alianzas entre el Estado, municipios, organizaciones sociales y mundo privado. Debemos avanzar hacia políticas estables y coordinación entre los Ministerios de Vivienda, Salud y Desarrollo Social. En definitiva, debemos reconocer a las personas en situación de calle no como delincuentes, sino como sujetos con derecho a una oportunidad. Una ciudad no es más justa cuando esconde o criminaliza la pobreza. Lo es cuando ofrece una salida.