El precio del alivio
Reducir el peaje hoy a cambio de estirar la concesión hasta 2036 no es un beneficio gratuito, es comprometer el futuro de la infraestructura pública. El Ejecutivo anunció un descuento en los peajes de Autopista Central, con rebajas del 10% fuera de hora punta y del 25% en momentos de mayor congestión para quienes paguen al día. La contrapartida detrás de escena contempla prolongar el contrato con la concesionaria por otros 20 meses.
Para quien cruza Santiago todos los días en auto el respiro en el bolsillo es inmediato. Sin embargo, el movimiento revela un hábito riesgoso en la gestión pública, donde la rebaja se celebra hoy en pesos mientras la cuenta la pagará el gobierno de turno en más de una década.
Quienes defendemos el sistema de concesiones lo hacemos por razones técnicas claras. Cuando una empresa privada construye una carretera y debe conservarla durante años, tiene incentivos financieros directos para cuidar la calidad inicial. Un pavimento defectuoso la obligará a gastar más en reparaciones futuras. Frente a la provisión pública tradicional, donde la mantención compite año a año por recursos presupuestarios con otras urgencias políticas, el contrato concesionado protege el valor de la infraestructura en el tiempo.
Esa ventaja estructural requiere resguardar con celo la competencia. Una licitación transparente permite verificar cuánto piden distintos operadores por construir, mantener o modernizar una ruta. Al correr la fecha de vencimiento de Autopista Central desde agosto de 2034 hasta abril de 2036, se aplaza la oportunidad de volver a competir por ese contrato y redefinir sus estándares. Que no haya un desembolso fiscal inmediato no vuelve gratuito el tiempo de explotación entregado.
Conviene separar las cosas para no confundir el debate. Un peaje más bajo no significa automáticamente descuidar el mantenimiento de la ruta, cuyas obligaciones siguen siendo exigibles por ley. La diferencia de fondo radica en el método. Reducir la tarifa ganando una licitación competitiva responde a una mejora real de eficiencia. Financiar ese mismo descuento estirando el contrato vigente es simplemente un traspaso de costos entre distintas generaciones de usuarios.
La referencia internacional exige criterios más rigurosos que la sola celebración del descuento. Los principios de la OCDE para asociaciones público-privadas demandan transparentar el modelo financiero, publicar el valor presente de los ingresos adicionales y explicar qué alternativas se evaluaron. Sin esos números sobre la mesa, el porcentaje de rebaja describe solo el beneficio visible. El acuerdo entre el Fisco y la empresa demuestra que hubo coincidencia contractual, no que se obtuvo la mejor solución para la ciudad.
A ello se suma un impacto urbano insoslayable. Abaratar el peaje en las horas de mayor saturación puede estimular el uso del automóvil cuando la red vial ya no da más. Ahorrar en la boleta mensual sirve de poco si el resultado son más minutos perdidos en la congestión. Desde la mirada de sistemas, la política tarifaria debiera coordinarse con el transporte público y medir el costo total del viaje.
La paradoja es política y salta a la vista. La autoridad de turno comunica el descuento como un triunfo propio, mientras el costo financiero recae en el futuro. Someter el modelo económico a una revisión independiente debió ser el paso previo a la firma. Una política responsable puede justificar un costo a futuro para aliviar una urgencia presente, pero lo que no puede hacer es presentar la concesión de tiempo público como si no le perteneciera a nadie.