Programas ambulatorios para la niñez: la discapacidad intelectual requiere atención especial
La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes debe ser capaz de responder a sus distintas realidades y necesidades. Sin embargo, en el actual proceso de transformación de la oferta del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia existe un desafío que merece especial atención: asegurar que quienes presentan discapacidad intelectual cuenten con una respuesta especializada, acorde con sus requerimientos y condiciones particulares.
La nueva oferta programática contempla transformar los Programas Ambulatorios en Discapacidad (PAD) y los Programas de Reparación en Maltrato (PRM) en Programas de Acompañamiento Familiar Territorial (AFT) y Programas de Intervención Reparatoria (PIR), respectivamente, sin considerar la continuidad de la atención especializada que actualmente reciben niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual.
Desde Fundación Coanil, a partir de nuestra experiencia de más de 50 años en este ámbito, hemos advertido sobre los riesgos de eliminar esta especialización. La argumentación del Servicio es que, de acuerdo con la Ley de Garantías, su carácter especializado implica que toda la nueva oferta debe atender a NNA en sus distintos grados de desprotección, independientemente de la presencia de alguna discapacidad.
No obstante, son constantes las derivaciones que recibimos desde otras instituciones, incluidos casos remitidos por los Tribunales de Familia, debido a que no cuentan con las herramientas necesarias para brindar atención a NNA con discapacidad intelectual. Esto ha generado una creciente demanda por atención especializada y extensas listas de espera, aumentando el riesgo de que quienes necesitan apoyo oportuno permanezcan sin respuesta.
Un antecedente especialmente relevante es que el 23% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual que actualmente asisten a los dispositivos de Fundación Coanil proviene de procesos de intervención en otros programas ambulatorios que no lograron responder adecuadamente a sus necesidades. Esta realidad evidencia que la existencia de una oferta general no garantiza, por sí sola, una atención pertinente para todos.
A este escenario se suma la incertidumbre respecto de los convenios de los dispositivos que actualmente entregan esta atención, cuyos plazos -en muchos casos- se encuentran vencidos y que funcionan mediante resoluciones de urgencia. Esta situación dificulta la planificación y limita las posibilidades de ampliar las plazas disponibles, en un contexto en que la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta.
El desafío, por tanto, va más allá de la continuidad de determinados modelos de intervención o de las instituciones que los ejecutan. Se trata de cómo el sistema garantiza los derechos de quienes requieren apoyos específicos. La ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establece la obligación del Estado de adoptar medidas de protección reforzada para quienes se encuentran en situaciones de especial desventaja, entre ellos NNA con discapacidad.
Por todo esto, la nueva oferta debe contemplar la especialización necesaria, ampliar la cobertura y asegurar que existan equipos preparados para responder a estas realidades en todo el territorio nacional. La inclusión no consiste en incorporar a todos bajo un mismo modelo, sino en garantizar que cada NNA reciba la atención y los apoyos que necesita. Esa es una condición indispensable para que nadie quede atrás.