Financiamiento estudiantil: arreglar lo que falla
En el último tiempo, la gratuidad ha vuelto a estar en el centro de las críticas, y no sin razón. A 10 años de su implementación, sus problemas son de tamaño, de diseño y de resultados.
De tamaño, porque se ha convertido en el eje casi exclusivo del financiamiento público de la educación superior. Hoy absorbe el 73% de los recursos del nivel, lo que rigidiza el sistema completo. Cuando el presupuesto se estrecha, la gratuidad prácticamente no se mueve y el ajuste recae sobre todo lo demás. Su crecimiento, además, ha invertido las prioridades: en una década, los recursos para educación superior casi se duplicaron, mientras los de jardines infantiles retrocedieron.
De diseño, porque el Estado fija vacantes y precios que no reconocen todos los costos de impartir una carrera. El arancel regulado solo considera los costos "necesarios y razonables", con información rezagada y sin incorporar investigación ni inversión en calidad. Y como la política impide pago de los beneficiarios y lo restringe incluso para quienes no lo son, ese arancel deja de ser un aporte estatal y pasa a ser un precio máximo. El déficit acumulado desde 2016 alcanza $1,8 billones, cubierto por las instituciones a costa de investigación, infraestructura y calidad.
Y de resultados, porque nada de lo anterior se ha compensado con mejores logros. El número de titulados apenas ha variado desde 2016, mientras más de 270 mil beneficiarios desertaron sin titularse, con un costo cercano a $1,6 billones. Uno de cada cinco beneficiarios ni siquiera pertenece a la población objetivo, según la Casen 2024. Y la política financia, sin retribución alguna, a quienes obtienen uno de los mayores premios salariales de la OCDE.
Rediseñarla es urgente. Hay que mantenerla focalizada hasta el sexto decil y eliminar su expansión automática. También liberar la restricción de cobro para los deciles 7 a 9, y para la sobreduración, revisar la metodología de los aranceles regulados, mejorar la verificación socioeconómica de los beneficiarios, hacerla renovable cada año y exigir la restitución de recursos ante deserciones injustificadas. Este ajuste es, además, condición para cualquier otra discusión. Mientras la gratuidad concentre casi todos los recursos del nivel, toda reforma al resto del financiamiento estudiantil competirá por un espacio fiscal que no existe.
A propósito de ese debate, se han planteado también cambios a otras herramientas, en particular al CAE. Ahí el criterio debiera ser sencillo: identificar los problemas que efectivamente tiene y resolverlos, en lugar de diseñar desde cero un instrumento que tenga dificultades propias.
Y el CAE tiene más virtudes de las que se le reconocen. Desde 2012 cobra una tasa de UF+2%, no exige pagos durante los estudios, permite limitar la cuota al 10% del ingreso y suspender el pago en caso de cesantía. Sus cuotas, cuando aún la deuda está en el banco, son bajas: en promedio bordean los $59 mil y tres de cada cuatro deudores pagan menos de $80 mil al mes.
Lo que puede corregirse está en otra parte, lo primero es que no se paga. A fines de 2025, más de dos tercios de los deudores en etapa de pago estaban morosos, e incluso en el quintil de mayores ingresos menos de cuatro de cada 10 estaban al día. La morosidad, además, ha respondido más a las señales políticas que a la capacidad de pago. Tras la reforma de 2012 cayó de más de la mitad a cerca de un tercio de los deudores. Y se disparó nueve puntos en un solo trimestre debido a las promesas de condonación. A ello se suma que, con el diseño actual, los bancos no asumen un rol suficientemente activo en el cobro antes de ejecutar la garantía estatal.
Lo segundo es su costo fiscal. El Estado recompra a los bancos parte de los créditos con un recargo, en licitaciones que no siempre han contado con suficiente competencia. Algunos proponen prescindir de la banca, pero conviene ir con cuidado: implicaría que el Fisco asuma todo el financiamiento en un contexto de estrechez y podría dejar el cobro más expuesto a los vaivenes políticos que ya han afectado la morosidad.
Por lo mismo, antes de optar por un instrumento distinto, conviene preguntarse qué resolvería que el CAE no contemple ya. La contingencia existe y su tasa ya es baja, aunque ambas variables admiten ajustes. Lo que debe mejorar es la manera de cobro. De todas formas, es clave cuidar que el pago siga vinculado a lo adeudado; de lo contrario, el crédito pasaría a funcionar como un impuesto a los graduados.
El financiamiento estudiantil necesita ajustes, pero la discusión debiera partir por la gratuidad y, desde ahí, perfeccionar las herramientas que ya existen. Corregir lo que falla suele ser más eficaz que empezar de cero.