Meta, la PDI y el caso de Chillán
¿Quién decidió que una empresa puede leer lo que escribimos, calificarlo como posible delito y entregárselo a la policía? No lo decidió el Congreso Nacional, no lo decidió un tribunal de justicia y no lo decidió ningún gobierno. Lo decidió la propia empresa, en sus políticas internas.
El jueves 29 de octubre, mientras el Presidente Kast inauguraba el Instituto Teletón en Chillán, la PDI detuvo a una mujer de 22 años acusada de amenazarlo de muerte por Instagram. La investigación no partió de una denuncia ciudadana ni de un patrullaje policial: partió de una alerta de Meta, que la policía describió como "colaboración internacional". Al día siguiente fue formalizada por amenazas a la autoridad, y el Juzgado de Garantía de Chillán la dejó en libertad sin ninguna medida cautelar: rechazó el arraigo y la prohibición de acercamiento que pedía la Fiscalía. Según los medios de comunicación, el mensaje que gatilló todo habría sido compartido mientras conversaba con amigos vía WhatsApp. La defensa sostiene que los hechos ni siquiera configuran el delito imputado, y el tribunal fijó una audiencia para discutir un acuerdo reparatorio o el sobreseimiento.
Conviene decir desde ya lo que no puede estar en discusión: amenazar de muerte a una persona es grave, y amenazar al Presidente de la República también lo es. Protegerlo es una obligación del Estado, gobierne quien gobierne.
El punto es otro y más incómodo: quién define qué es una amenaza, con qué criterio, con qué controles y ante quién responde cuando se equivoca.
Hoy la respuesta es simple y no debería tranquilizar a nadie: lo define Meta, con un criterio que no conocemos, sin controles que podamos ver y sin responder ante nadie en Chile. El caso de Chillán no es aislado. En agosto, una alerta de la misma empresa llevó a la detención de una joven de 23 años en Talca; días después, a la de un hombre de 30 en San Pedro de la Paz que había amenazado a Kast y al ministro Quiroz. La prensa contabiliza al menos cinco detenciones en los últimos meses por mensajes contra el Presidente o sus ministros. Cuando un medio le preguntó a la PDI cómo funciona esta colaboración, el comisario a cargo explicó que fue la propia compañía la que se acercó a los países para ofrecer información, que lo que envía son los datos del perfil y el mensaje, y que la policía no hace calificación jurídica: todas las alertas se trabajan como si fueran serias.
Esa última frase es evidencia del problema completo. Si la policía no filtra y la Fiscalía actúa sobre lo que recibe, el único filtro real antes de una detención es el de la empresa. ¿Cuántas alertas ha enviado Meta a Chile? ¿Cuántas terminaron en nada? ¿Cuántas eran bromas, ironía, la rabia de una conversación privada entre amigos? ¿Se aplica la misma vara a las amenazas contra una periodista, una dirigenta social o un migrante que a las amenazas contra un Jefe de Estado? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque nadie está obligado a decírnoslo.
Lo más interesante es que existe un modelo distinto, y no viene de ningún gobierno autoritario. En Europa, la ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a notificar a las autoridades cuando detectan información que hace sospechar de un delito que amenaza la vida o la seguridad de las personas. Es la misma conducta que vimos en Chillán, con una diferencia de fondo: allá es una obligación fijada por un parlamento, dentro de un marco que exige transparencia, con autoridades que fiscalizan y con la Comisión Europea consultando públicamente cómo se aplica. La colaboración entre plataformas y policías no es el problema. El problema es que en Chile ocurre sin ley, sin regulador y sin registro.
Y no es que el país no lo haya intentado. El proyecto de regulación de plataformas que ingresó al Senado en 2021 tenía tantos problemas que lo cuestionaron la academia y las organizaciones de derechos digitales, y nunca se aprobó. Lo que sí tenemos es la ley 21.719 de protección de datos personales, que crea por primera vez una agencia con facultades para fiscalizar y que debía entrar en vigencia el 1 de diciembre. Pero en mayo el Senado no alcanzó los votos para nombrar a su consejo, a fines de agosto el Gobierno propuso postergarla, y hace unos días el Senado aprobó, por amplia mayoría, moverla a octubre de 2027.
Una joven de 22 años pasó una noche detenida y hoy enfrenta un proceso por un mensaje que un tribunal no consideró suficiente ni para imponerle una firma mensual. Puede que haya escrito algo grave; puede que no. Eso lo resolverá la justicia, que es exactamente donde tiene que resolverse. Lo que no debería resolver por nosotros una compañía, desde una oficina que no conocemos, es dónde está el límite entre la rabia o el fastidio de una conversación privada y el delito. En una democracia ese límite se fija por ley. Y si todavía no lo hemos fijado, alguien más lo está haciendo por nosotros.