¿Más niños para Chile, pero menos derechos para quienes ya nacieron?
Hay una pregunta que el gobierno del Presidente José Antonio Kast debiera responder: ¿Cómo se puede declarar preocupación por la baja natalidad mientras se toman decisiones que debilitan los derechos, las condiciones de protección y bienestar de quienes ya son niños y niñas?
Hace dos meses se presentó el Plan Chile Cuida a los Niños, anunciando el fortalecimiento de la prevención y la protección. Paralelamente, se impulsa una Red de Municipios por la Infancia, promovida por la Asociación Chilena de Municipalidades, con participación de Unicef y la Subsecretaría de la Niñez. Una iniciativa que abre interrogantes sobre la necesidad de crear nuevas estructuras, cuando la ley 21.430 ya estableció una institucionalidad y atribuciones específicas para articular el Sistema de Garantías en los territorios.
¿No sería más coherente fortalecer directamente las Oficinas Locales de la Niñez y el rol articulador de la Subsecretaría de la Niñez? Por ejemplo, se podría optar por generar conocimiento sobre parentalidad positiva con las universidades nacionales y no seguir pagando licencias por programas de este tipo.
Sin embargo, las contradicciones más ominosas aparecen cuando el mismo Ejecutivo que declara proteger a la niñez concede rebajas de condena a quienes han sido sentenciados por violarla y abusar sexualmente de ella. Una decisión difícil de conciliar con el deber reforzado de protección que establece la ley de Garantías y con el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación. Además, fue en sentido contrario a como se ha actuado en los gobiernos anteriores, en esta ocasión optaron por el abandono de las víctimas, sin consultarlas y exponiéndolas a sus agresores antes de lo que dictaminó la justicia.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley de Presupuestos 2027 contempla disminuciones en 102 asignaciones destinadas a la niñez, incluyendo programas de cuidado alternativo. Y el Ministerio de Salud excluyó la promoción de la lactancia materna exclusiva de las metas sanitarias de atención primaria, sin transparentar suficientemente los fundamentos de esa decisión.
No son asuntos desconectados. Son decisiones que expresan prioridades sobre qué vidas proteger, qué necesidades financiar y qué responsabilidades asumir. Y contrariamente a lo que señala el señor De Vicente, son temas que a las personas comunes y corrientes, si les importan.
Por ello, en estos días pienso en el concepto de necropolítica del filósofo Mbenme, para analizar cómo el poder determina qué vidas quedan expuestas al daño y al abandono. Sin equiparar estas decisiones con los contextos extremos estudiados por el autor, esta perspectiva permite interrogar una lógica política preocupante: cuando la protección de determinadas vidas se vuelve prescindible frente a otras prioridades. Como decía Camilo Morales en su columna en este mismo medio: vidas descartables.
La ley 21.430 exige exactamente lo contrario. Establece el interés superior, la protección contra toda forma de violencia, la prioridad de la niñez y los principios de progresividad y no regresividad. No basta con anunciar programas o crear nuevas redes si las decisiones presupuestarias, sanitarias y administrativas debilitan la efectividad de esos derechos.
Resulta particularmente contradictorio que un gobierno preocupado por aumentar la natalidad reduzca compromisos relacionados con los cuidados y la protección. La niñez no puede importar más como expectativa demográfica que como realidad humana presente.
Un país que verdaderamente quiere cuidar a niños y niñas debe demostrarlo en sus presupuestos, instituciones y decisiones. Porque los derechos no se garantizan con declaraciones de buenas intenciones, sino con políticas coherentes que protejan la vida y la dignidad de quienes ya están aquí. Los niños, niñas y adolescentes no tienen valor solamente por lo que representarán para el futuro demográfico o económico de Chile. Sus vidas importan hoy, y sus derechos son exigibles en el presente.