Disolver no es estabilizar
La volatilidad electoral mide cuánto cambia la distribución de los votos entre los partidos de una elección a la siguiente. Se calcula sumando las variaciones porcentuales y dividiendo por dos, para evitar contar dos veces los cambios. Si los partidos conservan apoyos similares, la volatilidad es baja; si se producen desplazamientos importantes, aumenta. Es un indicador indirecto, o proxy, de la institucionalización partidaria. La competencia previsible sugiere vínculos estables con los electores. Sin embargo, la institucionalización también depende del arraigo social, la legitimidad y la continuidad organizativa. Una volatilidad baja no la acredita.
No toda la volatilidad tiene el mismo origen. Powell y Tucker distinguen la Tipo A, producida por las entradas y salidas de partidos; de la Tipo B, debida a cambios de apoyo entre partidos persistentes. La primera, llamada también volatilidad de reemplazo, se calcula sumando el porcentaje de votos de los partidos que ingresan y el que habían obtenido aquellos que dejan de competir, y dividiendo por dos. Por ejemplo, si los nuevos partidos reciben el 20% de los votos y los que salen habían reunido el 10%, la Tipo A alcanza 15 puntos. Si la volatilidad total es de 25, los 10 restantes corresponden a la Tipo B. Así se distingue la redistribución entre partidos conocidos del cambio en la oferta electoral.
Después de la elección de diputados de 2025, el Servicio Electoral dispuso inicialmente la disolución de 13 partidos por incumplir las exigencias de subsistencia. La ley exige alcanzar al menos 5% de los votos válidamente emitidos en ocho regiones o en tres regiones contiguas, salvo que se cumpla la alternativa de representación parlamentaria. Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social conservaron su personalidad jurídica tras reclamar. El Partido Radical permanece constituido mientras se resuelve su situación judicial. Hay, por tanto, 10 cancelaciones consolidadas.
Esos 10 partidos habían obtenido 1.438.067 votos, equivalentes al 13,51% del voto partidario. Si ninguno mantiene una continuidad reconocible en 2029, sus salidas aportarían 6,75 puntos a la volatilidad Tipo A. El Partido Radical sumó otros 225.361 votos, el 2,12%, que representarían 1,06 puntos adicionales si finalmente deja de competir sin continuidad. Solo en ese escenario se alcanzarían 7,81 puntos. No es una predicción: habrá nuevas entradas y posibles reapariciones o sucesiones. En 2025, el componente de salida había aportado 2,77 puntos.
Durante la última década, la entrada de nuevos competidores tuvo inicialmente mucha más importancia que las desapariciones. Los entrantes reunieron 16,76% de los votos en 2017 y 22,99% en 2021. En 2025 todavía alcanzaron 12,42%. Las salidas siguieron otra trayectoria. Fueron prácticamente inexistentes hasta 2017, representaron 1,45% del voto previo en 2021 y llegaron a 5,54% en 2025. La proliferación precedió a la mortalidad partidaria. Después aumentó el peso de las salidas en el reemplazo.
Lo ocurrido en 2013 muestra por qué no basta contar los partidos que inicialmente caen en una causal de disolución. Fueron 10, pero ocho pudieron iniciar fusiones y solo dos terminaron definitivamente cancelados por bajo desempeño. Tras la elección de 2017, 11 de los 17 partidos afectados también iniciaron fusiones y seis fueron cancelados. Las reformas posteriores restringieron esa vía. Desde 2021, un partido que incurre en causal de disolución ya no dispone de aquella posibilidad de fusionarse para evitar su cancelación.
Volver a constituirse tampoco ha sido sencillo. Tras las reformas de 2015 y 2016 algunas organizaciones lo consiguieron mediante procesos prolongados. El Partido Humanista recuperó su personalidad jurídica tras la disolución posterior a 2021. El Partido Ecologista Verde volvió a constituirse en 2025 después de intentos fallidos. La reinscripción era posible, pero exigía tiempo y capacidad organizativa.
La reincidencia revela las limitaciones de la cancelación como instrumento de estabilización. Cinco organizaciones o linajes que habían atravesado una disolución después de 2021 regresaron a la competencia y volvieron a quedar afectados tras la elección de 2025. Son el Partido Humanista, el Ecologista Verde, Igualdad, el Partido de Trabajadores Revolucionarios y el linaje Conservador Cristiano/Social Cristiano. Reunieron 795.928 votos, equivalentes al 55,35% de la votación de los 10 partidos con cancelación consolidada. Más de la mitad del respaldo involucrado correspondía a organizaciones que ya habían logrado retornar.
A esas dificultades se agregará un régimen de entrada más exigente si culmina la reforma despachada por el Congreso, todavía sometida al control preventivo del Tribunal Constitucional. El texto aprobado eleva el requisito general de afiliación desde el 0,25% de quienes sufragaron en la última elección de diputados al 0,3% del padrón electoral definitivo, una base mucho mayor. Las restricciones para fusionarse ya rigen; las de reinscripción aún no. Si entran en vigor, volver después de una cancelación será mucho más difícil.
Hay razones atendibles para exigir una base organizativa mayor antes de reconocer legalmente a un partido. Una colectividad que aspire a competir de manera estable debiera demostrar respaldo más allá de una candidatura o de una organización levantada para una sola coyuntura electoral. Ese argumento no conduce, sin embargo, a establecer además un umbral nacional de representación. Las exigencias de afiliación operan al constituir partidos; un umbral parlamentario interviene después de votar y determina cuáles participan en la asignación de escaños.
Chile ya cuenta con umbrales efectivos derivados de la magnitud de los distritos y de la fórmula electoral. A ellos se suma una regla de subsistencia que ha terminado, por ahora, en diez cancelaciones consolidadas y un caso pendiente. Las normas pueden dificultar la proliferación y la reaparición de partidos disueltos, pero no reconstruyen por decreto los vínculos con la sociedad.
Cuando las organizaciones persistentes conservan vínculos duraderos con sus electores e incorporan nuevas demandas, disminuye la necesidad de buscar continuamente otros vehículos partidarios. Si esos vínculos siguen debilitados, un registro con menos siglas puede convivir con una competencia todavía muy fluida. A ello se agrega el elevado porcentaje de votos nulos y blancos registrado en la elección de diputados de 2025, que alcanzó el 20% de los sufragios emitidos. Las disoluciones de 2025 y las mayores barreras de entrada pueden contener una parte del reemplazo. Su efecto sobre la institucionalización será limitado si los partidos que permanecen no logran reconstruir una relación social suficientemente sólida para perdurar.