El desarrollo también se decide en el presupuesto
El presupuesto 2027 fue presentado con el objetivo de "acelerar la reactivación, la inversión y el empleo". Precisamente por eso, cuesta entender que al revisar los números la propuesta reduzca en 14,5% los recursos para el acceso a tratamientos innovadores y en 6,4% el desarrollo científico, dos ámbitos que debieran formar parte de esa estrategia de crecimiento y atracción de inversiones y mayor empleo.
El primer recorte afecta al Fondo de la Ley Ricarte Soto, uno de los principales mecanismos de acceso a medicamentos innovadores en Chile. El segundo, al presupuesto del Ministerio de Ciencia, y golpea directamente la formación de capital humano avanzado: Becas Chile, que financia doctorados en el extranjero, cae 5,4%, y el programa de inserción de investigadores en universidades y empresas se reduce 48%. No son todo el gasto en medicamentos ni en ciencia, pero sí instrumentos clave para el objetivo declarado.
Acelerar la inversión y el empleo depende, en buena medida, de señales: quien decide invertir mira si las prioridades del Estado son coherentes y estables. Y para que esa inversión sostenga el crecimiento más allá del ciclo, también debe llegar a actividades intensivas en conocimiento y de mayor valor agregado. La investigación biomédica es una de ellas, y depende de dos condiciones que se refuerzan: capital humano avanzado para desarrollarla y una salida de mercado para las innovaciones que genera. Formar investigadores, atraer investigación clínica y contar con reglas para evaluar e incorporar avances terapéuticos son parte de una misma señal. Contra esa lógica, el proyecto muestra al menos cuatro incoherencias.
La primera es recortar justo donde la brecha es mayor. La tercera versión del estudio de caracterización del gasto público en medicamentos, que elaboramos con la Universidad Católica y que este año se lanzó como Observatorio del Gasto Público en Fármacos, muestra que en 2025 el Estado destinó a medicamentos innovadores apenas 0,062% del PIB. España destina 0,53%; Italia, 0,46%; Alemania, 0,36%, y el promedio de la Unión Europea, 0,34%. La brecha se agrava porque desde 2019 la Ley Ricarte Soto prácticamente no incorpora nuevas coberturas, y lo que no se decide por la vía regular llega por tribunales: el gasto por sentencias pasó de unos $3.000 millones en 2018 a más de $92.000 millones en 2025. El Estado termina pagando igual, pero caso a caso, sin evaluar ni negociar, y con un gasto que no puede anticipar. Y quienes invierten en investigación y traen nuevos medicamentos al país reciben una señal de incertidumbre: sin reglas claras de incorporación, Chile se vuelve un mercado más difícil de proyectar y menos atractivo para lanzar terapias e invertir.
La segunda es presupuestar por debajo de lo que se sabe que se gastará. El proyecto reduce el aporte al Fondo de la Ley Ricarte Soto de $189.696 millones a $166.951 millones, muy por debajo de los $235.517 millones que efectivamente gastó en 2025. Puede ser difícil anticipar la demanda futura, pero ya se conoce la demanda actual, es decir los pacientes que ya están en tratamiento y necesitan continuidad. La propia ministra de Salud ha explicado que el gasto crece porque los beneficiarios viven más y requieren tratamientos permanentes: enfermedades que antes amenazaban la vida hoy se viven como condiciones crónicas. Es una buena noticia sanitaria que el presupuesto debiera reconocer, no subestimar. Si esas obligaciones se pagarán igual, ¿qué se gana asignando menos y completando después?
La tercera es aspirar a más inversión mientras se debilitan las capacidades necesarias para atraerla. Al recorte en Ciencia se suma la caída de los ensayos clínicos patrocinados por laboratorios internacionales, de 147 a 112 entre 2024 y 2025, frenados por barreras legislativas aún sin resolver. Esa investigación trae inversión extranjera, absorción de capital humano avanzado, ahorros relevantes para el sistema de salud y acceso temprano a terapias para los pacientes. Se compite globalmente por ella, y las capacidades que se pierden tardan años en recuperarse. Chile tiene ventajas comparativas para atraer estas inversiones, sin embargo la incoherencia regulatoria ha impedido transformarlas en ventajas competitivas.
La cuarta es ignorar el contrafactual. Postergar un tratamiento efectivo no elimina el costo: solo lo traslada. La enfermedad avanza y, con ella, el gasto hospitalario evitable, la pérdida de calidad de vida, las licencias médicas y la salida de personas de la fuerza laboral, sobre todo de mujeres, que asumen la mayor parte de los cuidados. Al final del camino aparecen la judicialización y el descontento con un sistema sanitario y social que no protege. Son costos que no se ven cuando se reduce el Fondo de la Ley Ricarte Soto, pero son costos fiscales igual. Un país que necesita más productividad y más participación laboral femenina no puede ignorar esos costos solo porque aparecen en otra partida o en otra cartera.
La responsabilidad fiscal exige sostenibilidad, pero también calidad en la asignación. Ordenar las cuentas sin una estrategia de desarrollo no ahorra: solo traslada los costos al futuro y a las familias.