Presupuesto 2027: todavía hay tiempo para no castigar a quien más apoyo necesita
En Cerro Navia tenemos una lavandería a la que le decimos con cariño La Burbuja, y una pastelería que llamamos Los Copos. Entre las dos pasan 70 personas con discapacidad intelectual. No son empleos, son talleres prelaborales, y esa distinción importa, porque explica bastante de lo que quiero contar.
Casi todos son adultos. La escuela se acabó para ellos hace años y después no había nada. El sistema escolar ya no los contempla porque dejaron de ser estudiantes, y el mundo del trabajo tampoco, porque nadie los contrata. Quedan en una tierra de nadie que puede durar el resto de la vida.
Lo que hacen La Burbuja y Los Copos es ocupar ese vacío. Hay monitores, hay rutina, hay jornadas de música, deporte y cultura. Para las familias, que en general son de muy escasos recursos, significa saber dónde está su hijo o su hermano durante el día. Si no estuvieran ahí estarían encerrados en la casa o dando vueltas por el barrio.
Apenas el 21% de los adultos con discapacidad intelectual en Chile tiene empleo, según estimaciones sobre la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia que presentó Coanil ante la Bancada Transversal contra la Soledad. Entre quienes no trabajan, en plena edad laboral, la razón que más dan es tener una condición de salud que los inhabilita. En algún momento aprendieron que no podían.
Muchas veces ese miedo comienza en la escuela. Coanil mostró en esa misma presentación que la asistencia en las escuelas especiales es mejor que en las escuelas comunes, y que aun así los establecimientos "pierden" recursos por el grupo que más falta, porque la subvención se paga según asistencia y ese grupo es justamente el que más apoyo necesita. A eso se suma que las escuelas especiales quedaron fuera de la Subvención Escolar Preferencial, de modo que treinta y tres mil estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes no reciben los 72.770 pesos mensuales que sí recibe un estudiante prioritario en cualquier otro colegio, y que la reforma previsional terminó cubriéndoles menos de la mitad del mayor costo de cotizaciones.
Un estudiante que falta medio año, en una escuela que recibe menos que el resto justamente por eso, 20 años después puede ser parte de ese 21% sin trabajo.
Está la ley 21.015, que desde 2018 obliga a empresas y organismos públicos de más de 100 trabajadores a reservar el 1% de sus puestos para personas con discapacidad. Y está la ley 21.690, de agosto de 2024, que la complementa, endurece las multas y las condiciones para eximirse, y reconoce que quien terminó sus estudios en una escuela especial tiene la enseñanza media completa, con lo que saca del camino una barrera que dejaba a muchos fuera del empleo público. Esa misma ley eleva la cuota al 2%, aunque el salto recién opera cuando se alcance 80% de cumplimiento del 1% vigente.
Son buenas leyes. Pero comparten un límite que desde acá vemos todos los días, porque miden una sola cosa, cuántas personas con discapacidad están contratadas. Todo lo que ocurre antes, que es justamente lo que permite que alguien llegue a estar en condiciones de ser contratado, no entra en esa cuenta.
Así, quienes están más lejos del mercado laboral, por discapacidad intelectual, por pobreza o por no tener una familia que los sostenga, son los que menos se benefician de leyes escritas para incluirlos. Y las organizaciones que trabajamos con ellos quedamos fuera del circuito, porque no tenemos contratos que mostrar, tenemos personas preparándose. Mientras tanto, el 61,1% de los organismos públicos no cumple ni siquiera la cuota del 1%, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en agosto ante el Comité de Naciones Unidas.
En ese mismo examen, rendido en Ginebra en agosto, Chile presentó el Programa de Acceso a la Justicia de Senadis como su principal respuesta en la materia. Pocas semanas después ese programa desapareció del proyecto de ley de Presupuestos 2027 como línea propia, algo que advirtió Pablo Marshall, director alterno del Núcleo Milenio DISCA, en una columna en La Tercera.
Y no fue el único. El proyecto fusiona Acceso a la Justicia, Desarrollo Inclusivo Territorial y Tránsito a la Vida Independiente en un programa nuevo, el de Servicios de Apoyos para la Autonomía y Vida Independiente. Los tres juntos tenían 3.707 millones de pesos y el nuevo queda con 2.562 millones, una caída real de 30,9% frente al presupuesto aprobado para 2026. Al mismo tiempo se amplía la población que puede postular, porque la glosa pasa de personas de 18 a 59 años a personas de 18 años y más, hasta el tramo 80% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares. Menos plata repartida entre muchas más personas.
El presupuesto total de Senadis queda casi igual, y por eso el cambio es fácil de pasar por alto. Lo que se movió es hacia dónde apunta, porque refuerza el cuidado y debilita el apoyo a la autonomía y la vida independiente, que es justamente lo que ponen en el centro la ley 20.422 y la Convención que Chile fue a defender a Ginebra. Es un giro hacia el asistencialismo. Y vale recordar que Acceso a la Justicia, el programa que Chile exhibió allá, aparecía evaluado sin observaciones en el anexo del oficio con que Hacienda pidió a cada ministerio revisar su oferta programática.
No somos los únicos que lo estamos diciendo. Junto a otras organizaciones de la Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que reúne a más de 280 instituciones de la sociedad civil, le pedimos al Senado revisar esta materia y solicitar más información a Senadis y a Dipres antes de votar.
Llevamos 33 años en el territorio de Cerro Navia y aprendimos algo que los papeles no dicen. La discapacidad intelectual no llega sola. Llega con la discriminación, que decide a quién se contrata, con la pobreza, que define a qué colegio se puede ir y qué apoyos se pueden pagar, y con la soledad, que es lo que queda cuando alguien pasa el día encerrado porque no hay otro lugar donde estar. Ninguna de las tres se resuelve por separado.
El Congreso despacha el presupuesto antes de fines de noviembre. Todavía se puede incluir a las escuelas especiales en la Subvención Escolar Preferencial, cubrir el costo previsional comprometido y revisar esa fusión antes de que quede aprobada.
Pero hay un problema de fondo que ningún presupuesto resuelve solo, y es cómo se entrega ese financiamiento. Desde hace años Senadis apoya casi exclusivamente por la vía de proyectos concursables, que no aseguran la continuidad de ningún proceso. Para las instituciones pequeñas y medianas eso significa trabajar sin saber si el próximo año se abre el concurso, y menos si se lo van a adjudicar. Mientras tanto, las 70 personas llegan todos los días a La Burbuja y a Los Copos, porque su vida no se suspende hasta que salgan las bases.
Cuando el Estado no asegura esa continuidad, lo que queda es la caridad. Y la caridad alcanza para un año, no para una vida. Un taller que funciona hace años no debería depender de ganarse un concurso, igual que la inclusión no debería medirse solamente por el contrato firmado. Mientras eso no cambie, los 70 de La Burbuja y Los Copos van a seguir siendo invisibles para un sistema que dice estar pensado en ellos.